La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: "Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza", dijo.

"Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia", añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar "orgullosa" del trabajo de la fiscalía.

El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.

"Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso de haber defraudado "las expectativas de los ciudadanos que la votaron" y a quien le espetó el haber "demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial".

También, antes de pasar al "petitorio", el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investigan posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.

Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.

Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo.

Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que "se intentó esconder la corrupción" y que "en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política" porque "se optó por eludirla".

En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió "la historia" cuando "bien sabe que es el Poder Judicial" la institución encargada de enjuiciarla.

Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar en calidad de testigo.

El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchneristas -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.

"No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz", dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de "injerencia indebida" en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.

Gremialistas y empresarios acordaron este lunes una actualización del salario mínimo, vital y móvil del 21% en tres tramos de 7% para el trimestre septiembre-noviembre, con cláusula de revisión del acuerdo ese último mes, por lo que ese haber será de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 pesos en noviembre. Lo confirmaron fuentes gremiales, que aclararon que el nuevo valor fue respaldado por la CGT, que la CTA se abstuvo y que la CTA Autónoma rechazó con su voto la propuesta. Las partes deliberaron en la sesión plenaria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar la actualización del ingreso y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, con la participación de dirigentes de la CGT, de ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y de la UTEP; de las cámaras empresarias UIA, CAME, Adeba, Bolsa de Comercio, Coninagro, Fauppa y funcionarios de Economía. La plenaria comenzó antes de las 19 y, en poco menos de una hora, fijó el nuevo ingreso con 30 votos positivos, una abstención y el rechazo de la CTA Autónoma, luego de que durante varias horas deliberaron las Comisiones Técnica y del Salario Mínimo.

Claudio Moroni encabeza el Consejo del Salario Foto Pepe Mateos

Claudio Moroni encabeza el Consejo del Salario. / Foto: Pepe Mateos

El organismo tripartito sesionó bajo la supervisión de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y fue nuevamente convocado ante la estampida del proceso inflacionario. Hasta ahora el haber mínimo era de 47.850 pesos y había sido convenido el 16 de marzo en el último encuentro del organismo tripartito, cuando hubo una mejora del 45%. En mayo el Gobierno nacional adelantó el aumento. Desde el 1° de junio fue de 45.540 pesos y desde agosto, de 47.850 para el personal mensualizado, en tanto la hora para los jornalizados fue de 239,30 pesos y los montos por desempleo de 13.292 y 22.153 pesos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que entre el martes y el miércoles su cartera y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicarán las "condiciones" de aplicación de la extensión de incentivos a la construcción, a través de la correspondiente reglamentación.

"El primer objetivo es transformar el ahorro dormido, que muchas veces no esta blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo, transformar esos pequeños ahorros de pesos o dólares, que muchas veces los argentinos guardan frente a la incertidumbre, frente a la desconfianza", subrayó el ministro este lunes en un acto llevado a cabo en el partido bonaerense de San Fernando.

"Les planteamos con mucha claridad que los trasformen en trabajo, en producción, pero sobre todo en un bien que les permita preservar el valor y construir futuro entre sus propias generaciones familiares; es mucho más fácil ahorrar en valor ladrillo que andar pasando de generación en generación operaciones financieras, mucho más cuando se trata de un sector que es madre de industrias", agregó Massa.

Detalló que "decidimos prorrogar esta ley, construir una reglamentación; mañana y pasado el Ministerio de Economía y AFIP van a ir comunicando a los distintos actores económicos sobre las condiciones".

A través del Decreto 522/2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, votada recientemente por el Parlamento, que extiende por un año el régimen de blanqueo para la construcción.

En el acto, del que participaron empresarios y trabajadores del sector, Massa manifestó la necesidad de que "la construcción, que junto con la inversión pública es la más alta de los últimos 8 años de la Argentina, venga acompañada de inversión privada, de desahorro financiero transformado en ahorro productivo".

Afirmó que "esta ley es federal" porque "cuanto más lejos de Buenos Aires es la inversión, más grandes son los incentivos", con el objetivo de "recorrer el camino de la desconcentración" del área metropolitana.

Consideró que "estos son temas que trascienden a un gobierno, que tienen que ver con generar confianza desde la política y certidumbre de largo plazo para aquellos que desarrollan, que invierten, que generan trabajo y de alguna manera construyen valor para la Argentina".

Dijo que "es mucho más fácil destruir que construir; nosotros elegimos construir" y resaltó que "tenemos que entender que la Argentina necesita un sendero y un recorrido en el que empresarios, trabajadores y Estado nos tomemos de la mano para generar valor y desarrollo para nuestra gente y para nuestro pueblo".

Remarcó que esta ley "no pretende borrón y cuenta nueva" sino que "el ahorro de los argentinos se transforme en miles y miles de cascos amarillos a lo largo y a lo ancho de la Argentina".

El ministro dijo que "hoy estamos en un número que nos hace sentir orgullosos, 430 mil trabajos registrados de la construcción", de los cuales hay "mucho explicado en inversión pública" pero "mucho también explicado a partir del riesgo empresario".

"Muchas veces los argentinos guardan su dinero frente a la incertidumbre y la desconfianza", señaló, por lo que ponderó la iniciativa que esos recursos "se transformen en trabajo y producción"

Sergio Massa

Llamó a los sectores a que "pongamos lo mejor de nosotros para que cuando termine este año de régimen promovido hayamos llegado a 450 mil trabajadores registrados y más de 1 millón y medio de metros cuadrados construidos en cada una de las jurisdicciones".

Otro de los oradores del acto, el intendente del municipio de San Fernando, Juan Andreotti, dijo que "este anuncio es importante para la construcción, que es motor de nuestras ciudades, generador de trabajo, de ingresos e inversión para nuestros municipios".

En tanto, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, afirmó que el plazo de un año establecido en la prórroga "es razonable" y que "muchos argentinos deben normalizar su tenencia de dólares".

"Es mucho mejor que el dinero se transforme hoy en ladrillos y no que permanezca oculto en algún lado", subrayó.

A su turno, Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), sostuvo que "acá en Argentina hay mucha plata, hay 170 mil millones de dólares, muchos de ellos blanqueados en el Gobierno anterior, otros están en un placard".

"Hay que transformar ese dinero que no está en la inversión de la economía real, llevarlo a la economía real", concluyó el gremialista.