Como se ha planteado en reiteradas oportunidades los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores profesionales tienen un retraso histórico. En los últimos 4 años el poder adquisitivo de nuestros sueldos ha sufrido una devaluación del 52%. Esta situación se agrava en el marco de la crisis económica por el COVID-19 y la inflación que no cesa (en marzo fue de un 3% y se prevé un 40% anual), lo que prefigura nuevamente, en este 2020, un escenario de ajuste para los trabajadores.
En este marco, los dirigentes llevaron a la reunión paritaria dos planteos centrales:
- Como primer punto, y en el marco de la emergencia sanitaria, se reiteró el inmediata necesidad de garantizar los elementos de bioseguridad para todo el equipo de salud (hecho que no está ocurriendo de acuerdo a las necesidades, según nuestro registro), a la vez que la incorporación de recursos humanos suficientes para enfrentar la pandemia.
Se planteó la urgencia de concretar el pago inmediato del incentivo a los trabajadores de la salud, que fuera anunciado por el Gobierno Nacional, el cual, además consideramos, debería reforzarse con una ayuda provincial. Se pidió que el mismo sea liquidado en el mes de abril, y de ser necesario, por planilla suplementaria. En este sentido se trasmitió el malestar de los profesionales de este sector que no fueron ubicados como prioridad en el cronograma de pagos.
En el actual contexto, además, se demandó garantizar la estabilidad laboral, el pase a planta permanente y la desprecarizacion de los profesionales de la salud contratados (monotributistas, servicios y becas nacionales), como así también las licencias especiales para madres con hijos a cargo y personas que integran los grupos de riesgo.
- Como segundo punto, se planteó que el Gobierno provincial de cumplimiento inmediato a los compromisos asumidos por el Gobernador en audiencia con el sector realizada el 6 de agosto de 2019, nos referimos a: 1) suplemento por capacitación, 2) devolución del pago por zona y 3) la inclusión de los profesionales de la ley 4135 en el pase a planta permanente (compromiso recientemente ratificado por el ministro de salud Gustavo Bouhid, el viernes 3 de abril).
En lo referido a la recomposición de los salarios se exigió que el ejecutivo garantice el pago regular de los sueldos, como así también la, ya impostergable, recomposición salarial de acuerdo a la inflación anualizada de todos los profesionales de la administración pública, quienes vienen padeciendo los embates de la actual crisis y que se ven cada vez con mayores dificultades para resolver las necesidades que, en la crisis, la vida cotidiana les plantea. Al respecto se solicitó que el gobierno provincial, monitoree y garantice, el control de los precios de la canasta familiar, dado el injustificado y notable aumento de los mismos en las últimas semanas. Recordamos que un profesional, categoría de inicio, cobra un sueldo de $31.000, para la ley 4413 y $ 36.000, para la ley 4135.
Se planteo además la devolución de los adicionales injustamente quitados.
También se abordó la necesidad de la desprecarizacion y estabilidad laboral de los trabajadores profesionales contratados y el efectivo pase a planta permanente anunciado en 2019. Por otro lado, se solicitó que se garanticen las medidas de bioseguridad para el conjunto de los trabajadores de la administración pública al momento del retorno progresivo a los lugares de trabajo ya que los mismos trabajan en condiciones de hacinamiento edilicio, a la vez que el otorgamiento de licencias a todxs lxs trabajadorxs en riesgo sanitario, incluyendo a quienes deben cuidar a hijxs en edad escolar.
El ejecutivo provincial no realizo una propuesta concreta de recomposición salarial y reconoció que existe una mora en el cumplimiento de los acuerdos asumidos el año pasado que deberían ser atendidos.
Desde APUAP entendemos que la pandemia ha desatado una situación de crisis económica que tiene un impacto enorme en la economía familiar de los trabajadores profesionales. Situación que impone la necesidad de medidas de emergencia. La “puesta en duda” acerca de garantizar los sueldos del mes de abril, planteada por el Gobernador en la apertura de las sesiones legislativas, causó preocupación, a la vez que gran malestar. Al respecto el gobierno provincial debe arbitrar las medidas necesarias para garantizar su regular liquidación y llevar tranquilidad a los trabajadores y sus familias, a la vez que entendemos que se encuentra en condiciones de hacerlo toda vez que el gobierno nacional va a asistir a las provincias con $125.000 millones.
En este sentido, los dirigentes plantearon que se conforme un Fondo Provincial Solidario para la Emergencia Sanitaria a través del cobro de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. “Entendemos que la rebaja de los sueldos a los funcionarios es una medida que, si bien tiene un significado simbólico, es insuficiente y no resolverá los graves problemas económicos actuales que sí podrían enfrentarse a través de este impuesto”.
Tal cual está planteado en el orden nacional, y dado que el gobierno provincial viene tomando medidas anticipadas, podría implementarse en la provincia de Jujuy una medida por la cual las 5 grandes empresas que concentran el 80% de lo que se factura en la provincia, como por ejemplo la Empresa Ledesma, se solidaricen y aporten un porcentaje mínimo (5%) de sus riquezas para la conformación de dicho Fondo, que se destine a garantizar en el Sector Salud todo lo necesario para enfrentar la pandemia, como así también, para asistir a los sectores sociales más necesitados de nuestra provincia, que sufren la crisis actual y que, con los desastres climáticos, están doblemente expuestos.
Para APUAP, de este modo, la asistencia financiera que el gobierno nacional comprometió para las provincias podrá ser destinada a garantizar el pago de salarios y otorgar la, ya improrrogable, recomposición salarial que lleve algo de tranquilidad a los hogares de los trabajadores en general y de los profesionales en particular en el actual contexto.
Desde APUAP exigimos respuestas concretas a nuestros reclamos para mejorar la actual situación, como también el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos. Nos encontramos en estado de alerta monitoreando en toda la provincia, junto a nuestros afiliados y delegados, las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan (trabajadores de la salud), como así también que no se tome ninguna medida que nos haga ir “ni un paso atrás” en los derechos de los trabajadores.