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El Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de la Defensa Penal presentó su informe anual en la Legislatura

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El Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de la Defensa Penal presentó su informe anual en la Legislatura

 Cumpliendo con lo que establece la Ley Nº 5.896, sancionada en diciembre de 2015, la defensora general del Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de Defensa Penal, Ivonne Haquim, presentó el informe público anual de su gestión ante la Cámara de Diputados de la provincia.

Durante el informe, la defensora general agradeció la presencia de los legisladores y de los Organismos de Derechos Humanos presentes, como así también al equipo de trabajo del Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de Defensa Penal. Asimismo, la Dra. Haquim hizo referencia al estado de la Ministerio al momento de asumir sus funciones, señalando “la Defensa Penal se encontraba compuesta por dos defensores en las jurisdicciones de San Salvador a cargo de cuatro defensorías, dos secretarios, dos pro-secretarios y ocho empleados. En la jurisdicción de San Pedro de Jujuy, por un solo defensor a cargo de dos defensorías, un secretario y dos empleados.” Por esto mismo destacó la necesidad de declarar la emergencia de la defensa pública “pese al esfuerzo y el trabajo de los defensores y de los funcionarios que componían el ministerio, ya que era materialmente imposible llevar a cabo todas las causas, detectando que solamente se asistía a las audiencias de indagatoria y a los juicios o debates”.

La defensora general también detalló que, en el momento de asumir la gestión, uno de los principales problemas con los que se encontró fue con la falta de celeridad en los trámites y la ausencia de sistemas modernos. Los mismos no permitían conocer cuántas y qué causas existían. Además, por un problema estructural, los defensores solo podían asistir a las audiencias de indagatoria y debate, por lo que todo el proceso, durante toda la investigación, no se concurría a las audiencias testimoniales, periciales o psicológicas. “Una vez declarada la emergencia tomamos distintas medidas, entre ellas hemos tenido la gran colaboración de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Inmediatamente que nos constituimos, que el ministerio empezó a funcionar, se nos proveyó de un  inmueble, de todo el mobiliario. Pudimos incorporar un defensor de menores en la ciudad de San Salvador de Jujuy y un defensor de menores en la jurisdicción de San Pedro de Jujuy. También incorporamos una licenciada en psicología y una licenciada en trabajo social para conformar el gabinete interdisciplinario y poder ofrecer y controlar las pruebas necesarias de nuestros asistidos”, señaló.

Además, la defensora general destacó lo valioso de las reformas judiciales realizadas, ya que permite equiparar armas con la acusación, y detallando el rol del ministerio, debido “a que si bien no está bien visto en la sociedad el defensor penal, tenemos que establecer que se trata de un servicio público constitucional nacional. Toda persona tiene derecho a su defensa y sobre todo la defensa pública tiene a su cargo las personas de escasos recursos y que se encuentran en real estado de vulnerabilidad. La defensa pública se encarga justamente de este sector de la sociedad, y de demostrar que en muchos casos las persecuciones son injustas, y ahí es donde está el verdadero trabajo del servicio público de la defensa, le brinda a todas las personas que están en estado de vulnerabilidad la garantía de que se siga un juicio justo y de que siempre se respete el debido proceso y los derechos humanos”.

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