La diputada Alejandra Cejas afirmó que en primer lugar se esperó a que la justicia actúe de oficio pero  al no hacerlo se constituyeron los diputados  para realizar la correspondiente denuncia. “Esta es otra denuncia penal, sumada a las presentaciones realizadas oportunamente sin lograr una imputación y por eso vamos cerrando el circulo de lo que pasa en la justicia de nuestra provincia”.

La legisladora agregó que es necesario que la justicia brinde una respuesta rápida a todos los jujeños para no entorpecer su vida cotidiana y que un paso en este sentido es la presentación judicial realizada contra Baca y Lello Sánchez.

Por su parte el diputado Emanuel Martín Palmieri, afirmó que corresponde hacer la denuncia en fiscalía ya que tienen la obligación de hacer investigación penal preparatoria y que el juez debe garantizar este proceso. “Después del conocimiento de los audios de Baca sabemos que es muy preocupante la situación de la justicia y merecemos una investigación seria y objetiva ya que el poder judicial debe ser independiente por lo que vamos a seguir hasta las ultimas consecuencias”.

En tanto la diputada Débora Juarez Orieta afirmó que el objetivo que persiguen como legisladores es contribuir a que los jujeños sientan que hay independencia de poderes en la provincia. “Es alarmante que la máxima autoridad judicial declare y proclame que hay un grupo de trabajo que se dedica a encajonar causas que no le convienen al gobierno perjudicando a los ciudadanos que demandan justicia, colaboramos como nos corresponde con esta denuncia para que se investigue las declaraciones del Presidente del STJ Pablo Baca”.

Por ultimo el abogado Dr. Juan Giusti, afirmó que el carácter de los delitos recaen en la órbita de la justicia provincial. “Es una vergüenza que los jujeños se enteren por los audios difundidos por un medio nacional de los dichos de Baca que afirma que conforma un equipo con el fiscal Lello Sánchez que responde directamente al Gobernador Gerardo Morales”.

El letrado destacó que la denuncia es por incumplimiento de deberes de funcionario público, retardo en la justicia y amenazas agravadas.