El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, informa que el próximo viernes 22 de agosto se instalará la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad en la localidad de Catua, en la sede de la Comisión Municipal en el horario de 9 a 12:30 horas.

Este dispositivo territorial tiene como propósito acercar a la comunidad un espacio de atención personalizada, donde se brinda:

Asesoramiento integral en temáticas vinculadas a pensiones no contributivas por invalidez laboral

Orientación sobre trámites y gestiones, indicando dónde y cómo acceder a servicios y beneficios

Atención dirigida a personas con discapacidad, sus familias y al público en general

 La iniciativa busca garantizar el acceso a derechos, promover la inclusión y facilitar la resolución de trámites de manera directa, reduciendo barreras y acercando las políticas públicas a cada localidad del interior de la provincia.

La referente participará de distintas actividades de difusión de la Ley Mica Ortega, promoviendo la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del mundo virtual.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Sergio Vidaurre y junto a Mónica Cid —madre de Micaela Ortega— llevará adelante durante la semana una agenda de actividades institucionales, incluyendo reuniones con organismos provinciales, municipales, legislativos y judiciales, además de espacios de sensibilización y reflexión abiertos a la comunidad.

Mónica Cid es referente nacional en la lucha contra el grooming y la violencia digital, a partir del caso de su hija Micaela, de 12 años, víctima de grooming y femicidio en 2016 en Bahía Blanca. Este hecho marcó un precedente histórico en la justicia argentina, ya que por primera vez se dictó condena por grooming seguido de muerte, visibilizando la gravedad del ciberacoso y la urgencia de legislar en la materia.

Desde entonces, Mónica emprendió un camino de militancia y compromiso social que derivó en la sanción de la Ley Nacional N.° 27.590 “Mica Ortega”, promulgada en 2020.

Durante su visita a Jujuy, Mónica Cid participará de reuniones en el Concejo Deliberante de San Salvador, en el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Corte Suprema de Justicia y en la Legislatura Provincial. Asimismo, tomará parte en el cierre del Programa “Embajadoras de Mis Derechos” en el Teatro Mitre y en un conversatorio en el Colegio de Abogados. También están previstas recepciones protocolares en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y una audiencia con el Gobernador de la Provincia. El objetivo central de su presencia en la provincia es fortalecer la difusión de la Ley Mica Ortega, consolidar estrategias conjuntas de prevención junto a organismos locales y promover una cultura digital responsable que garantice la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del mundo virtual.

"La decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron desde la PTN

La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.

 “En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital –el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.

La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones. Ese medida puntual será analizada por la Corte en septiembre y luego, en octubre, después de las elecciones legislativas, se analizará la apelación de “fondo”. O sea, si el fallo multimillonario de Preska es correcto o no.

Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.

“Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”, destacó un vocero de Burford.

Parte de la estrategia de bufete de origen inglés consiste en intentar ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda, con el objetivo de presionar a Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.

De hecho, Burford presentó en EEUU, en el tribunal de Preska, en julio pasado, un documento con el detalle de todos los pedidos de “enforcement” y como, según cree, el país dilata y demora las presentaciones para seguir ganando tiempo. El documento se titula “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”.

Cerca de Burford están convencidos de que la justicia de Irlanda no analizó el fondo de la causa, sino los tiempos; y esto no significa que vaya a pasar en otras jurisdicciones lo mismo.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan informó que hará un festival este domingo para continuar con las medidas de lucha por la compleja situación salarial, en tanto que seguirán de cerca el tratamiento legislativo en el Senado de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. El gremio adelantó que evalúa la posibilidad de un nuevo paro para el día en que se realice la sesión en la cámara alta en caso de que el proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, sea rechazado. La medida, que intenta poner de relieve las demandas salariales y laborales, se suma a una serie de acciones impulsadas por el personal del hospital con el objetivo de mantener la atención de alta complejidad a la niñez argentina. El festival será en Parque Lezama, previsto para el domingo, bajo la consigna “Todas las infancias importan”.

Según informó la APyT, el Senado discutirá esta semana el proyecto de ley que impacta directamente en el funcionamiento del hospital y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos. En este contexto, se busca mantener el tema en agenda pública para que los Senadores avancen en la aprobación definitiva de la norma, que beneficiaría al funcionamiento del Garrahan y de otros centros de salud pediátricos del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, señaló en declaraciones a Noticias Argentinas: “La situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave”.

Los trabajadores agradecieron además las muestras de apoyo al reclamo de médicos y profesionales que expresa la sociedad mayoritariamente. “Desde el primer día, sentimos todo el apoyo de nuestro pueblo hacia el Hospital Garrahan”, expresó Lezana y destacó un sondeo de la consultora Zuban Córdoba que ratifica esta expresión de apoyo al reclamo.

Por otro lado, la asamblea de médicos residentes se expresó a través de redes sociales y pidió por la ratificación de la Ley de Emergencia Pediátrica. El texto remitido por el equipo de salud advirtió: “El voto positivo de los Diputados no es sólo el reconocimiento a nuestra institución, sino que ha sido un acto de responsabilidad que asegura la equidad hacia todos los niños del país que requieren atención de alta complejidad”. Además, el comunicado remarcó que la media sanción es apenas un paso en el recorrido legislativo, ya que las demandas del personal, especialmente en materia de salarios, permanecen sin respuesta. El personal criticó los aumentos paritarios del 1%, a los que calificó de “irrisorios” e “insuficientes”, y reclamó un “diálogo sincero”, más allá de los comentarios en redes sociales o manifestaciones públicas.

El deterioro de las condiciones laborales, afirman, también tiene consecuencias en la formación de nuevos profesionales y en la atención médica. La asamblea denunció que en la última adjudicación de las residencias de especialidades, la mitad de los 60 cargos concursados quedó vacante, y que la histórica oferta de becas formativas del hospital se redujo un 30%. En términos absolutos, la institución perdió 77 profesionales, lo que impacta en la capacidad asistencial, docente e investigativa.

La situación es especialmente alarmante en áreas críticas: en Hematooncología, de cinco cargos solo se cubrió uno, afectando a la atención del 40% de los casos de cáncer infantil del país. Una situación similar se replicó en las especialidades de Infectología, Neonatología, Nefrología, Nutrición, Neumonología y Farmacia, así como en especialidades de Bioquímica, que no lograron cubrir plazas. Las consecuencias, en palabras de los trabajadores, ponen en riesgo la atención asistencial diaria, la formación del recurso humano y la actividad académica y de investigación.

Mañana, adelanta el comunicado, las comisiones de Salud, Población y Presupuesto del Senado discutirán el dictamen de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. El texto considera fundamental que la ley se sancione y rechaza que su debate se reduzca a una puja partidista. Los residentes recordaron que “la sanción de la ley no es una opción, es una necesidad impostergable para proteger a la niñez y adolescencia argentinas, sin importar su origen ni condición social”.