El Gobierno convocó a su mesa política para este viernes al mediodía, encuentro que será encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que servirá para ajustar la ambiciosa agenda parlamentaria libertaria y comenzar a ver las distintas estrategias para reunir apoyos en el Congreso.
El oficialismo se encargó de colocar en discusión una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y La Ley Hojarasca. Pero no está conforme y apuesta a aprobar en los próximos meses cambios en el Código Penal y una reforma electoral que trastocará de plano el sistema.
Además, queda en el radar oficial la necesidad por buscar votos, que todavía no están firmes. Sobre todo, del lado de fuerzas aliadas en el Parlamento como el PRO y el MID que colocaron cuestionamientos por la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El funcionario es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Y correr el foco de la agenda pública, supedita a la situación judicial del ministro coordinador.
En el último, ocurrido el viernes pasado, los integrantes de este cónclave confirmaron el envío, mediante el Senado, de la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
Se dieron cita en aquella oportunidad el ministro del Interior, Diego Santilli; pero además de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; Karina Milei, presidenta del partido, y Santiago Caputo, asesor presidencial, y Adorni también fueron de la partida.
La Asociación Bancaria definió un paro por 24 horas para el próximo lunes 27 de abril en las regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ante los presuntos despidos por parte de la entidad financiera.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida se implementará en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país, ante las “intimidaciones y amenazas” que recibieron los trabajadores.
Es por eso que en la fecha pactada no habrá operaciones bancarias, como a su vez tampoco habrá traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades que requieran dicha operatoria.
A su vez, confirmaron que, en caso de no obtener respuestas en la mesa de negociación con las autoridades, se profundizará el plan de acción, con "medidas de fuerzas en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales
“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, manifestó el gremio liderado por Sergio Palazzo.
No podemos discutir esa realidad el crecimiento demográfico de Alto Comedero viene siendo una constante, ese sector de San Salvador de Jujuy se convirtió en el lugar de expansión de la ciudad, llegado hasta este punto de estar unido mediante una calle con Palpalá y muy próximo también con Los Alisos.
Este año tomo fuerza el pedido de algún sector de vecinalistas: la municipalización del alto comedero que ya se encuentra con tratamiento en la legislatura de Jujuy. El proyecto que prosperó es el presentado por el radicalismo, esto no significa que no se contemple el aporte del resto de las fuerzas políticas que conforman el poder legislativo provincial.
También es cierto que Alto Comedero necesita una importante inversión en infraestructura para mejorar el hábitat de los vecinos de ese gran barrio, ya que actualmente existe solo una delegación municipal, criticada, por cierto. ¿Entonces la municipalización es la solución a esa falta de gestión para ese sector barrial o se ha convertido en el capricho político de algunos sectores?
El actual proyecto establece, en caso de aprobarse, que las autoridades deben elegirse en las próximas elecciones, es decir en el año 2027. A criterio de este diario, no es lo mismo rejerarquizar una comisión municipal (como sucedió por ejemplo con la municipalidad de Yala) a crear un municipio desde cero
Se escuchan voces a favor sin mucho sustento de organización, esto nos lleva a pensar que dicha urgencia de municipalizar Alto Comedero es por la sola urgencia de la creación de más cargos electivos (intendente, concejales y políticos) que darle verdadero desarrollo al sector.
Ante esa situación hay que decir, que si Alto Comedero se convierte en Municipalidad, los primeros recursos que llegarían en carácter de coparticipación seria para cubrir sueldos, o sea el vecino quedaría postergado una vez más a la espera de soluciones…eso, quienes pregonan este avance se lo dicen con todas las letras?
Otra cuestión: el transporte, actualmente depende de la licitación realizada por la municipalidad de San Salvador de Jujuy, esas empresas seguirán prestando servicio respondiendo a una licitación de otro municipio, o quizás ya tienen pensado un llamado a licitación exprés. ¿El transporte dejaría de ser urbano y pasaría a ser interurbano? El hecho es que el costo en recorridos entre barrios de la capital jujeña tiene una tarifa pero desde Palpalá (al ser interurbano) tiene una tarifa más alta, ¿o sea, se piensa en encarecer el costo de vida de los vecinos de ese sector? Consideremos que muchos de los residentes de Alto Comedero trabajan en escuelas, hospitales u otros organismos públicos del centro de la ciudad. Están pensando en eso los vecinalistas insistentes?
Si analizamos la realidad de los municipios en materia de recaudación (esto es histórico no un hecho de la actualidad) no superan el 25 % de cobro de tasas y cánones municipales, y si profundizamos un poco más, Alto Comedero no tiene una expansión comercial considerable para sostener con sus tributos una municipalidad.
Además ¿la intendencia donde funcionaria? Se debería alquilar un espacio acorde, y el concejo deliberante, lo mismo, seguimos hablando de que municipalizar alto comedero es crear un gobierno local con déficit.
Alto Comedero necesita obras, si, coincidimos; Alto Comedero necesita mejor el servicio de salud, si (depende de provincia no de un municipio) coincidimos, Alto Comedero necesita más seguridad, si, (depende de provincia) coincidimos; Alto Comedero necesita mejorar la calidad de vida de todos los vecino, si, coincidimos. Quizás entonces, sería mejor utilizar todas las herramientas que habilitan a peticiones para requerir donde corresponda que se mejore pavimentación, desmalezado, iluminación, recolección de residuos, transporte al municipio y/o delegación municipal, seguridad, salud, trabajo al gobierno provincial
En lugar de arrancar creando cargos y un municipio deficitario desde su inicio, es conveniente trabajar con los organismos pertinentes ya existentes.
Estos son solo algunos temas a considerar sobre muchos otros a tener en cuenta para dar funcionamiento a una municipalidad.
¿Es la solución para los vecinos la municipalización de alto comedero? ¿o será la solución para aquellos que aspiran a tener un cargo público?
La comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura de Jujuy definió la realización de la 4ª sesión ordinaria, que se llevará a cabo este jueves a las 10, con un temario consensuado entre los distintos bloques.
En el orden del día figuran los proyectos de ley de Suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias de los Créditos UVA y la modificación de la Ley N° 6059, vinculada a la superación progresiva del estado de emergencia del transporte y la regularización del transporte alternativo por automotor.
El presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert, señaló que se abordaron los temas que ya cuentan con despacho de comisión, entre ellos la ley de emergencia del transporte —considerada necesaria para sostener el funcionamiento del sistema— y la ley de fomento de inversiones, ambas con acuerdo de labor parlamentaria para ser tratadas en la sesión del jueves.
En relación a la emergencia del transporte, explicó que la iniciativa contempla extender la antigüedad permitida de las unidades, atendiendo a la situación económica de las empresas, que se ven imposibilitadas de renovar su flota. En ese marco, se establecerán excepciones sobre el régimen vigente —fijado en quince años— para determinadas líneas, con el objetivo de preservar el servicio y garantizar el cumplimiento de los controles correspondientes.
Finalmente, indicó que el proyecto de municipalización de Susques se encuentra avanzado y podría incorporarse al orden del día de próximas sesiones.
En el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura, los integrantes de la comisión de Transporte y Comunicación mantuvieron una reunión con empresarios del transporte de media distancia de Jujuy, en la que se analizó la problemática que atraviesa el sector.
Al término del encuentro, el diputado Rubén Rivarola, presidente de la comisión, expresó su preocupación por la situación de los empresarios del transporte: "Están pasando por un momento bastante grave por los precios de los combustibles, las cubiertas y los colectivos. Ellos dijeron que así es imposible brindar un servicio". Ante ello, los legisladores respondieron que es necesario encontrar salidas: "No se pueden dejar pasajeros —fundamentalmente trabajadores— sin servicio. Hay que buscar una solución", afirmó Rivarola.
El diputado precisó que la propuesta concreta de la comisión fue "aceptar la misma antigüedad que tienen los colectivos; sobre la misma ley del año pasado, agregamos un año más".
Rivarola apuntó al incremento del costo del combustible como factor central de la crisis: "La situación del transporte en el país es dramática por el costo del gasoil". Al mismo tiempo, se mostró esperanzado en una solución: "YPF es argentino, ¿qué tenemos que ver con la guerra? En el país tenemos que trabajar con los precios reales de costo". En ese sentido, reiteró que el Gobierno Nacional debe intervenir en la problemática: "No podemos pagar el mismo precio del barril de petróleo que YPF cobra para la exportación en el mercado interno", concluyó.
En el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy, la Comisión de Ambiente recibió a la ingeniera química Luciana Pizarro, jefa de laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa Agua Potable de Jujuy, quien presentó una propuesta orientada a la reutilización del agua en el ámbito industrial y minero, con el objetivo de optimizar su uso y minimizar su agotamiento. La iniciativa fue expuesta ante los diputados de la Comisión y continuará en análisis en próximas reuniones.
Luego de la reunión, la presidenta de la comisión, Daniela Vélez, se refirió al planteo y anticipó la continuidad del tratamiento con otros actores: señaló que la ingeniera expuso sobre la reutilización de aguas grises en proyectos mineros y consideró que se trata de una propuesta relevante, en un contexto donde el recurso hídrico cobra especial atención. Además, remarcó que el objetivo es impulsar iniciativas concretas que puedan traducirse en proyectos aplicables.
En esa misma línea, Vélez explicó que el alcance de la propuesta podría extenderse más allá del sector minero: indicó que también podría implementarse en el ámbito domiciliario y en otras actividades productivas de la provincia, como el tabaco, especialmente en lo vinculado al riego. Por ello, adelantó que la comisión continuará convocando a distintos sectores para enriquecer el análisis.
Por su parte, la Ing. Luciana Pizarro subrayó que el proyecto busca instalar una mirada integral sobre el uso del agua y fomentar su reutilización en el ámbito industrial. En ese sentido, explicó que su trabajo está centrado en el cuidado del recurso y en la concientización sobre su uso racional, una práctica que también puede replicarse en los hogares como parte del uso cotidiano responsable.
Asimismo, aclaró que la iniciativa se encuentra en una etapa inicial: la definió como un punto de partida para abrir el diálogo entre las distintas partes involucradas. Indicó que su aporte es desde lo técnico, mientras que será la Legislatura la que evalúe la viabilidad de su implementación.
Finalmente, valoró el encuentro con los legisladores como una instancia que permite "abrir una nueva puerta" para seguir trabajando en investigación, innovación y cuidado del agua en la provincia.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunió con el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación y presentó una serie de propuestas fiscales y de financiamiento.
Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores las principales necesidades y problemáticas que atraviesa el sector ante la sostenida caída del consumo y del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad que tiene como consecuencia el cierre de pymes.
“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.
En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes. De esta manera se evitaría lo que muchas veces sucede: que la marginalidad se convierta en la única salida para evitar la carga tributaria que se superpone.
Al respecto, CAME propuso que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes.
Por otra parte, para luchar contra el comercio ilegal y el contrabando, CAME requirió avanzar con el proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que propone un régimen especial para pymes en zonas de fronteras para así reducir asimetrías cambiarias y fomentar la competitividad.
A su vez, se planteó que para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) habría que contemplar un monto mínimo de inversión más bajo que el establecido para las microempresas y para las pequeñas empresas (US$ 150.000 y US$ 600.000, respectivamente). Asimismo, que las inversiones puedan realizarse dentro de los primeros cinco años desde la entrada en vigencia del RIMI (versus los dos años estipulados).
Por último, los representantes de CAME solicitaron mayores líneas de financiamiento, ya que sólo 1 de cada 3 pymes accede a él. En tanto, los diputados nacionales presentes informaron que trabajarán en la posibilidad de declarar la emergencia pyme en todo el país.
Además del presidente de CAME, Ricardo Diab, estuvieron presentes los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández; la secretaria general, Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario Gremial, Guillermo Polke; el secretario de Relaciones Internacionales, Alfredo González; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; el secretario de Relaciones Institucionales, Fausto Brandolin; el secretario de Capacitación, Luis Alonso; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el secretario de Interior, Gerardo Díaz Beltrán; el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo; el coordinador de la Comisión de Fronteras y de la Comisión de Ilegalidad, Fabián Hryniewicz; y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
La Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy otorgó despacho favorable a un proyecto de ley que propone reconocer a los excombatientes de Malvinas mediante la colocación de placas conmemorativas en las instituciones educativas donde cursaron sus estudios.
La iniciativa fue tratada en una reunión realizada en el Salón Marcos Paz, donde se abordaron distintos temas vinculados a la realidad educativa provincial. En ese marco, la presidenta de la comisión, María Teresa Ferrín, explicó que el proyecto busca "agradecer su aporte en la guerra de Malvinas", y subrayó el valor simbólico de este reconocimiento dentro del ámbito escolar.
La reunión permitió abordar una diversidad de temas, especialmente aquellos relacionados con situaciones actuales que afectan a las instituciones educativas. Ferrín señaló que se trabajó sobre los recientes casos de amenazas de bomba en colegios secundarios, y destacó que se trata de "un fenómeno nuevo que se está dando a nivel país y mundial", por lo que resulta necesario incorporarlo al protocolo de actuación vigente.
En relación con esto, explicó que ya existe un protocolo elaborado de manera conjunta entre los Ministerios de Educación, Salud y Justicia, que contempla diversas problemáticas escolares como el bullying, el acoso, el suicidio o el abuso, pero que deberá actualizarse para incluir estas nuevas situaciones. "Hemos conversado sobre la necesidad de incorporar este tema al protocolo", indicó.
Por otro lado, también se debatieron cuestiones vinculadas a la implementación de normativas vigentes, como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Centros de Estudiantes y la Ley de Educación Emocional, esta última aún pendiente de reglamentación. En ese contexto, se puso especial énfasis en la problemática de la salud mental, entendida como una preocupación creciente en la comunidad educativa.
Al respecto, la legisladora remarcó que se trata de una temática compleja que requiere un abordaje integral: "La salud mental no solo debe ser trabajada por el Ministerio de Educación, sino fundamentalmente por el Ministerio de Salud en una acción coordinada", subrayó.
Desde la comisión se acordó convocar a equipos técnicos del Ministerio de Educación para profundizar el análisis de estas problemáticas, conocer el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios y generar herramientas que permitan mejorar la respuesta ante las demandas que surgen en las escuelas.