Avanza el proceso de reforma de la Constitución Provincial con una agenda intensa que abarca muchas reuniones en poco tiempo y que genera un debate amplio pero muchas veces disperso y sin ningún orden preestablecido. Recién el día viernes y luego de dos semanas de reuniones en las comisiones, los convencionales constituyentes tienen el proyecto de reforma en sus manos.

Carlos De Aparici, convencional constituyente, manifestó su preocupación ante esta situación que puede generar que se llegue a sancionar una constitución que no tenga el consenso necesario para un proceso de tal magnitud.

De Aparici dijo que "lo que me preocupa gravemente es que el bloque oficialista tome la decisión de sancionar una constitución sin consensos y que eso va a generar una degradación institucional muy fuerte para la provincia. En mi opinión, hoy, la provincia de Jujuy tiene una crisis y una debilidad institucional muy fuerte y que está marcado eso principalmente por la concentración del poder en una sola mano o en una sola persona. Hemos visto como se ha diluido la potestades y las facultades que tiene el Poder Legislativo y también el Poder Judicial".

Además, el Convencional Constituyente por el Frente Justicialista dijo que "esta situación en la que una sola persona controla los tres poderes, en definitiva hace que los jujeños tengamos una pérdida de calidad institucional porque la hemos perdido en términos prácticos, solo tenemos la división de poderes en un sentido formal. Lo hemos visto en forma muy simbólica en el inicio de la Convención Constituyente cuando el Gobernador también se hace elegir presidente de esta convención. Es una práctica que no contribuye a lo que valoramos de los principios republicanos y democráticos que es la limitación en los poderes, la distribución de las potestades en distintos poderes y en distintas personas y no la concentración, la concentración envicia el funcionamiento de un gobierno y de un estado. Esto hace que se tomen decisiones contrarias a los fines que tiene el Estado".

En este contexto, De Aparici se mostró preocupado porque "esta concentración de poder hace que el oficialismo puede tomar la decisión de sancionar un texto constitucional de acuerdo a lo que ellos consideran que es apropiado y eso va a tener una sanción que va a ser legal pero va a carecer de legitimidad, es decir va a carecer de los consensos necesarios y de los aportes que en definitiva no hacen otra cosa más que enriquecer el texto que es útil para todos los jujeños independientemente del partido político. Esto de una convención Constituyente es algo que tiene que ser superador de las diferencias partidarias, de las ideologías en la que nos identifiquemos cada uno. Esto tiene que ser pensado como un interés colectivo superador que nos excede a cada uno de nosotros y que tiene que ver con las posibilidades de que la provincia tenga una ley madre que le dé mayor calidad institucional posible al Estado".

Para De Aparici, "el texto propuesto por el oficialismo parece ser lo contrario, parece ir en detrimento de los derechos de los jujeños, en detrimento de esta limitación de poderes. Apunta a una concentración de poder aún mayor y creemos que eso va en contra de los fines que tenemos los jujeños y del propósito de tener un estado que piense en los intereses públicos y generales para beneficio de todos. Me preocupa esto centralmente que porque alguna agenda electoral del gobernador o por algún interés que tenga que ver más con lo publicitario o con el posicionamiento de una persona en sus intereses personalísimos o de su partido político nos comprometa todos los jujeños y nos haga perder calidad institucional y perder calidad institucional se paga en forma concreta, es menos salud, es menos educación, menos trabajo, menos control sobre los recursos naturales, es perder en todo sentido por el interés de una sola persona. Esperemos que esto no suceda".

La Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías de la Convención recabó la opinión de especialistas a nivel nacional en Ambiente para afinar los criterios que se introducirán en el capítulo sobre Cambio Climático de la reforma constitucional.

A través de zoom, se conocieron las miradas de Daniel Tomasini, profesor de Economía Ambiental de la Universidad de Buenos Aires; de Diego Moreno, investigador de CIPPEC, ex secretario de Política Ambiental y especialista en Desarrollo Sustentable; del ingeniero Adolfo Kindgard, consultor de la FAO y de Alejandro Brown, director ejecutivo de la fundación ProYungas.

El presidente de la comisión, Gastón Morales, explicó que se abordaron aspectos tales como el inventario de los bienes ambientales, acciones de mitigación e importancia de considerar la pérdida de Biodiversidad como una consecuencia directa del impacto del Cambio Climático y el uso eficiente del agua en términos generales, productivos y de consumo humano o domiciliario.

“Estas reuniones –resumió- se enmarcan en el trabajo que venimos realizando desde hace más de diez días en forma muy intensa con la comisión y con todas las comisiones de reforma de la Convencion Constituyente, con el objetivo de poder nutrirnos de los conocimientos de los sectores de gobierno, no gubernamentales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, sobre temas que hacen básicamente a reconfigurar esta reforma constitucional como una hoja de ruta común para toda la sociedad, con la vocación de regir en el largo plazo”.

Agregó el convencional que la Constitución de 1986 “es una muy buena constitución, con enfoques que sirvieron para acompañar el desarrollo que hubo en estos 37 años, pero indudablemente tanto en términos ambientales como de Cambio Climático, como en irrupción de nuevas tecnologías, el mundo de hoy es completamente distinto al mundo de 1986 y es una oportunidad muy buena para que desde la Convencion Constituyente podemos incorporar estos estándares constitucionales que luego puedan ser afinados en el quehacer de la gestión y de la legislación durante el transcurso del tiempo”.

Por otra parte indicó que el trabajo con los especialistas invitados no termina cuando terminan las reuniones, “sino que planteamos mantener el vínculo, hacer un intercambio de ideas, poner a disposición los textos que está trabajando la Convención para que los expertos conocedores de los distintos temas y campos puedan colaborar con los enfoques conceptuales, con las redacciones finales y de esa forma lograr el cometido que tenemos como convencionales, que es básicamente transpolar y establecer los mejores estándares constitucionales”.

Reunidas en plenario, las comisiones de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías y de Sistema Económico y Financiero y Órganos de Contralor, recibieron opiniones de empresarios y emprendedores del sector digital en el abordaje de la protección del derecho de las personas al acceso de la tecnología.

Los desafíos que plantean las Economías del Conocimiento también estuvieron en el diálogo de los convencionales constituyentes con referentes de Mercado Libre, Openix, Nubimetrics y Nodku SAS.

El presidente de la comisión de  Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías, Gastón Morales, explicó al término de la reunión que los aportes sirven para “pulir el enfoque que estamos llevando adelante en términos de garantizar cómo debe ser la protección del derecho a las personas para el acceso a la tecnología, tanto en términos de inclusión digital como en cuanto a la protección de datos personales, irrupción de nuevas herramientas tecnológicas y aspectos que vienen a potenciar el desarrollo, tanto  personal como de la sociedad”.

Destacó Morales el punto de vista de Mercado Libre, “una empresa de punta, un orgullo para el país, con presencia en más de quince países, con números que asombran en cuanto a la generación de empleo y cómo logran conectar oferta con demanda en el espacio digital”, siendo una empresa que “si tuvo una visión, fue estar siempre en un proceso de optimización continua”.

Durante el encuentro, el representante de Mercado Libre, Gabriel Díaz Zolórzano, afirmó que “queremos apoyar esta idea súper revolucionaria de incorporar la Economía del Conocimiento a la Constitución de la Provincia de Jujuy”, y resaltó que esta línea de la revolución digital transforma la vida de las ciudades y de las personas través del acceso a plataformas que permiten democratizar el uso de las tecnologías, dar empleo en áreas geográficamente periféricas favoreciendo el arraigo y proteger los intereses de los consumidores.

Por otro lado, y sobre la protección de los derechos de las personas, Díaz Zolórzano opinó que la inteligencia artificial “debe ofrecer responsabilidad y garantizarse que sea auditable, que no sea una caja negra” y subrayó que el Estado “debe dar visibilidad al acceso a la información” y asegurar la información al ciudadano.

En el plenario se conocieron las experiencias desarrolladas por emprendedores jujeños que trabajan en el campo de las nuevas tecnologías y se planteó la necesidad de contemplar en la nueva carta magna principios como el de democratización del acceso a la información y el derecho de acceso a internet.

Se abordó la importancia de que la SuSePu tenga rango constitucional para proteger a los usuarios.

Los convencionales constituyentes de la Comisión de Poder Ejecutivo, Legislativo y Nuevos Organismos Constitucionales recibieron al Ing. Héctor Rodríguez Francile, en el marco de la ronda de consultas en referencia al rango constitucional para los entes de regulación como la Superintendencia de Servicios Público y Otras Concesiones (SUSEPU). La reunión se desarrolló en el salón Vélez Sarsfield de Tribunales.

Al concluir la exposición, el Dr. Luciano Rivas, presidente de la Comisión sostuvo que el profesional fue muy claro sobre la importancia de que la Superintendencia de Servicios Públicos debe tener rango constitucional, “ya que es un organismo que se encarga de la protección de los usuarios y garantiza que el servicio llegue en las condiciones correctas, conforme al contrato de concesión”, indicó.

Por su parte, la convencional Noemí Isasmendi indicó que la reunión posibilitó escuchar a los expertos en cada uno de los temas, destacando que Rodríguez Francile se haya explayado sobre la necesidad de que la SUSEPU -como ente regulador- tenga rango constitucional. "En ese sentido, hizo algunas observaciones puntuales que tendremos en cuenta para debatirlas dentro de la comisión porque son aportes que vamos a hacer desde el bloque del Frente Justicialista”, refirió.

Por último, Isasmendi destacó la opinión de otros expertos, como el ing. Carlos Oehler, actual titular de la Susepu, así como la Dra. Alicia Chalabe, valorando "la voz y la representación de otros sectores”.

Durante la reunión de la Comisión de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y de Nuevos Organismos de Rango Constitucional, se coincidió sobre la importancia de los organismos de control en la defensa de los consumidores, así como la agilización de la respuesta actual por parte de esos organismos.

Tanto Luciano Rivas, presidente de la Comisión, como los otros convencionales miembros, ponderaron la importancia de la incorporación de dichos organismos en el nuevo texto constitucional.

La invitada especial fue la abogada defensora de los derechos del consumidor, Alicia Chalabe, quien expuso fundamentos y criterios de resolución, a la vez que ponderó la necesidad de consolidar y ampliar en el texto constitucional la irrestricta defensa de tales derechos.

"La defensa de los derechos de los consumidores, y la agilidad en su defensa va a tener un rango constitucional", sentenció Rivas.

Con la presencia de la Procuradora Administrativa del municipio de San Pedro, doctora Esperanza Domenech, de experiencia como constituyente en la reforma de la Carta Orgánica de dicha ciudad, se  abordaron cuestiones referidas a la exclusión del indulto en casos de delitos contra la administración pública y los que flagelen a la sociedad.

En ese sentido, el presidente de la Comisión, Luciano Rivas, destacó la actualización de la carta magna provincial "considerando el desarrollo vertiginoso de la sociedad y que presenta desafíos constantes".

Los convencionales y la invitada dialogaron, asimismo, sobre la limitación en cargos públicos para los diputados, así como mecanismos de prohibición de ocupar cargos para quienes se encuentren relacionados a delitos de corrupción.

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Tras abordar el contexto de adultez y vejeces, la Comisión de Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías avanzó en la definición del marco general de protección integral de derechos, a incorporar a la redacción de reforma de la Constitución Provincial.

Así lo hizo saber Ada Galfré, presidenta de la citada comisión de reforma, quien ponderó los aportes de Cintia Páez y Fernando Zurueta, ambos de reconocida trayectoria y prestigio en materia de adultez y vejeces.

“El marco de protección integral de derechos reconoce a las personas, desde nacimiento, hasta muerte, atravesando todos los ciclos de vida, como sujetos plenos de derechos”, indicó Galfré.

Páez, a su turno, enfatizó que “es fundamental hablar de vejeces, en el marco de una construcción social, privilegiando una perspectiva de género y de derechos” y señaló que “el hecho de cumplir años no nos puede menguar derechos”.

En cuanto al trabajo pluralista de la comisión, dijo que la mesa de diálogo resultó “muy productiva”, por cuanto permitió “aprender algo a todos, dejando en claro el nuevo paradigma: Las personas adultas mayores como sujetos plenos de derechos y no objetos de cuidados, asistencia o intervención”.

En una maratónica jornada de trabajo, los convencionales constituyentes recibieron valiosos aportes de funcionarios, referentes y equipos técnicos de todas las áreas y dependencias del Ministerio de Educación de la Provincia.

El encuentro se desarrolló en el salón principal del Complejo Ministerial del barrio Malvinas Argentinas, con presencia de funcionarias y funcionarios de Unidad Ministro, Secretarías, Direcciones, Coordinaciones, como así también autoridades de las modalidades educativas y de las regiones educativas de la provincia, que brindaron, en detalle, una serie de aportes pensados y trabajados colectivamente desde cada área, con el fin de modificar y mejorar los apartados 67 y 68 de la actual Carta Magna Provincial, en lo que respecta a la Organización de la Educación y los organismos, respectivamente.

La ministra de educación, María Teresa Bovi, quien encabezó el equipo de la cartera educativa, expresó que “es un honor ser invitados a formar parte de la Convención con nuestros aportes”. Remarcó Bovi: “Mucho se hizo en estos últimos años, y para que no se pierda es preciso incluir estas acciones en temas vinculados a la equidad y la inclusión”.  

En las propuestas, se plasmaron ideas e iniciativas tendientes a garantizar el derecho a la educación de calidad.

La presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Salud y Seguridad, Graciela Jerez, resaltó “la riqueza de la jornada”, en la que cada área del órgano que planifica las políticas públicas en educación “trasladó sus inquietudes y revalorizó ciertos ítems que para ellos son muy importantes y deden estar en la Constitución”.

Por su parte, Federico Medrano, vicepresidente de la comisión, remarcó la importancia de contar con una Carta Magna que “responda a un proyecto de provincia”, con “un modelo educativo humanista que acompañe con la mirada puesta en la educación para el trabajo”.

El convencional, de larga trayectoria en el campo de la educación y de la defensa de los derechos docentes, valoró que el punto de encuentro de todas las reuniones sea proyectar una educación que forme “personas críticas y reflexivas, que reconozcan su historia e identidad, con habilidades y competencias para el mundo del trabajo, atendiendo a la demanda del contexto productivo y social”.

“Tenemos la gran oportunidad para construir juntos los principios rectores de ésta Constitución”, concluyó.