Una ley que obliga a las obras sociales y prepagas a dar una cobertura total para la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer y al Estado Nacional a dar una asistencia a económica a las familias fue aprobada esta noche de jueves por unanimidad en el Senado de la Nación.

La norma, que crea un programa integral para reducir la morbimortalidad, fue aprobada por 64 a 0, en un recinto cuyas gradas estuvieron colmadas por familias de niños con la enfermedad que aplaudieron cuando se llevó a cabo la votación.

El dictamen especifica que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del ciento por ciento en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

También se determina -además- que el Estado nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

La nueva norma establece la obligatoriedad de elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad que respete todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Además propone difundir y capacitar en estrategias para optimizar el diagnóstico precoz en cáncer infantil, así como gestionar el funcionamiento de la red de los centros oncológicos que atienden a dichos pacientes a nivel nacional.

Por otro lado, busca capacitar a los equipos de salud a través del Programa de Becas de Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer, y realizar un seguimiento y cuidado clínico post tratamiento oncológico.

Mientras dure el tratamiento, la autoridad de aplicación, a través del organismo que corresponda, debe otorgar a los niños, niñas y adolescentes con cáncer estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas para los vehículos que los trasladen.

También gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre de acuerdo a lo establecido por la ley de protección integral de las personas con discapacidad y, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social, se adoptarán planes y otras medidas de asistencia.

También se deberá garantizar el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande.

En caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes con tratamiento ambulatorio y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia se garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional para afrontar los gastos de locación de vivienda.

Además uno de los progenitores o representantes legales de un niño, niña o adolescente que padezca cáncer tendrá licencias especiales sin goce de haberes durante el plazo que figure en la prescripción del médico tratante del paciente oncopediátrico.

Durante la licencia, la persona en relación de dependencia percibirá de la ANSES las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Pablo Yedlin, destacó que “cada vez hay más esperanza” en el tratamiento del cáncer en niños y que “la primera causa clara de cáncer infantil son las leucemias”.

“El 80 por ciento de los pacientes con cáncer en la Argentina se atiende en hospitales públicos”, expresó.

El radical jujeño Mario Fiad destacó que “la norma viene a dar respuestas a las familias que atraviesan la angustia de la enfermedad y que también padecen la falta de recursos y de traslados”.

“Hay que destacar el trabajo de todas las organizaciones y las familias que trabajan intensamente para visibilizar y hacer efectivos sus derechos”, remarcó.

El Banco Central (BCRA) prohibió a bancos y empresas proveedoras de créditos financiar, en cuotas, la compra de productos o servicios adquiridos en el exterior, lo cual incluye desde pasajes y servicios turísticos hasta productos recibidos a través de envíos postales.

La medida fue publicada a través de la Comunicación "A" 7535, en la que se estableció que a partir del próximo 4 de julio, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

También abarca a "productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros.

En noviembre del año pasado el BCRA había prohibido el financiamiento de las compras en cuotas sin interés con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como una forma de desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2011 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajes a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de US$ 47.800 millones.

La ANMaC, como integrante de la Delegación Argentina en el UNPoA, presentó ante los Estados miembros la trayectoria histórica del organismo, destacando sus características distintivas en términos organizacionales a partir de su creación, y sobre su experiencia en el manejo del sistema registral de armas de fuego y demás materiales controlados. En dicha exposición se denominaron los componentes del Sistema Argentino de Materiales Controlados que hacen a la robustez y e integridad del control de las importaciones, exportaciones, transferencias, gestión registral, resguardo, destrucción y desarme voluntario de armas de fuego, municiones y demás materiales controlados.

Asimismo, el Dr. Carlos Fernández, Subdirector de la ANMaC, hizo hincapié a las dos propuestas de trabajo de cooperación internacional presentadas en el Documento de Trabajo (Working Paper) de la República Argentina ante la (BMS8-UNPoA).

En ese marco, expresó que “una de las cuestiones más importantes que se pueden apreciar con la utilización de los sistemas informáticos de desarrollo propio de la Argentina es la posibilidad de tener el control en tiempo real de los stocks de los distintos usuarios, sobre todo, de aquellos que se dedican a la comercialización de armas de fuego. En tal sentido, cada operación que se realiza, ya sea para venta, comercialización o transferencia de material, es registrada en tiempo real y monitoreada desde el organismo de control, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados”.

La primera de las propuestas consiste en la elaboración de mecanismos de intercambio entre los Estados, para crear una plataforma de sistematización de información oficial de: a) Los organismos nacionales/Autoridades competentes de control de armas de fuego y demás materiales controlados a nivel internacional, con sus detalles de contacto; b) Los procedimientos y requisitos específicos de importación, exportación, transferencias de compra/venta, tránsito, e ingreso/egreso transitorios de materiales controlados, y de la normativa nacional interjurisdiccional relacionada; c) Los formularios/documentos oficiales que acreditan cada acto administrativo autorizado, y la identificación de sellos, niveles y tipos de firmas autorizadas por la Autoridad competente; d) Los Nomencladores Técnicos Oficiales, de los Registros de Producto, y de verificaciones técnicas y/o certificaciones/homologaciones técnicas de materiales controlados; e) Las Guías de Buenas Practicas de Evaluación de Riesgos previo a la autorización de Transferencia de Armas de Fuego y demás materiales controlados; f) Los mecanismos de exhorto para el intercambio de información de índole administrativa, legal y operativa para investigaciones policiales y judiciales; y, g) Los instrumentos de cooperación bilateral y/o multilateral a los que cada Estado ha sido signatario y ha sancionado en la normativa de su país (Convenios, Tratados, Regímenes, etc.).

Segundamente, la República Argentina afirmó su compromiso respecto a la agenda de genero a nivel internacional, y propuso a los Estados interesados en la prevención de violencia de genero con uso de armas, acompañar la propuesta de la creación de una Guía de Buenas Practicas de Control de Armas para la Prevención de la Violencia de Genero. Asimismo, la Argentina ofreció compartir capacitaciones y experiencias en materia de prevención de las violencias y desarme voluntario, y la promoción de la resolución pacífica de los conflictos, a los Estados miembros de la ONU, especialmente a países que se encuentran en contextos de post-conflicto y en proceso de democratización y fortalecimiento institucional.

La República Argentina puso de manifiesto, una vez más, su compromiso de trabajar articulada y armoniosamente con los demás Estados miembros de la comunidad internacional para elaborar mecanismos y estrategias tendientes a construir sociedades pacíficas y democráticas, combatiendo el delito organizado – como el tráfico de armas de fuego-, reduciendo la violencia con uso de armas y, en particular, la violencia de género.

Las fuerzas políticas que integran el Frente Cambia Jujuy, emitieron un contundente pronunciamiento en repudio a la visita que realizó el presidente Alberto Fernández a Milagro Sala, “política presa por innumerables y probados hechos de corrupción y otras aberrantes violaciones a los Derechos Humanos”, en su carácter de “abanderada de la violencia” que por más de 10 años sometió a los jujeños.

En este contexto, enfatizaron que las reiteradas condenas que pesan sobre Sala “no son capricho de la Justicia de Jujuy ni de ningún dirigente en particular” y son, en todo caso, “el resultado de procesos judiciales transparentes y legítimos, abrazados a Derecho y con garantía de legítima defensa que hace a todo procedimiento del fuero Penal”.

Destacaron que los distintos fallos condenatorios en diferentes instancias procesales, “son producto de pruebas de sobra, como así también de evidencias contundentes de corrupción y violencia en su máxima expresión”.

Por otra parte, manifestaron que “duele la actitud del presidente Fernández” de “desprecio hacia todos los argentinos por reivindicar la violencia y la corrupción”, quien con su visita a Sala “sometió a una nueva humillación al conjunto de los jujeños”.

Recordaron que las últimas dos visitas de Fernández a Jujuy, fueron a la Unidad Penal de Alto Comedero el 31 de diciembre de 2016 y hoy, 29 de junio, a los efectos de “estar nuevamente junto a esta delincuente en un sanatorio con una curiosa y repentina enfermedad”.

“Esta reprochable conducta no hace más que poner en evidencia su desprecio por los argentinos del interior y en especial a los jujeños a quienes les falta el respeto, sobre todo a aquellas personas que sufrieron los abusos de la violencia en todas las formas que ejercía Milagro Sala”, subrayaron y en este sentido también hicieron referencia a las “más de 2.000 familias que quedaron esperando sus casas, las cuales nunca se construyeron, porque Sala y su banda se robaron los 16.000 millones de pesos que estaban destinados a esa obra”. “Por eso duele tanto maltrato y destrato”, agregaron.

Recalcaron que, en Jujuy, desde enero de 2016, “se vive en paz” y garantizaron que “nada ni nadie nos arrebatará esta forma que en libertad elegimos para vivir y construir un futuro mejor”.

“Desde entonces -prosiguieron- Jujuy cambió para bien de todos los jujeños y, con el liderazgo de Gerardo Morales, empezamos a reconstruir nuestra provincia y algún día cuando la ceguera, el egoísmo político y la grieta desaparezcan el presidente Fernández podrá venir y acompañar a nuestro gobernador en la inauguración de alguna de las 258 escuelas nuevas que se están construyendo con los recursos que provienen de la planta solar de Cauchari, levantada con el esfuerzo y la garantía de los jujeños, o tal vez descubrir el Jujuy del turismo que bate récords de visitas nacionales e internacionales, porque hoy nadie impide transitar libremente o quizás, con más tiempo, ver que el litio es una realidad, al igual que el cannabis medicinal y tantos otros proyectos de envergadura que tenemos en Jujuy y necesitan el acompañamiento del gobierno nacional, porque también somos argentinos como los del interior profundo del país, donde no hay combustible, no se puede trabajar, ni crear riquezas, ni eliminar la desocupación que hoy pretende esconder detrás de los planes sociales”.

Finalmente, demandaron al presidente que “gobierne para todos los argentinos y no solo para una facción”, no sin antes exhortarlo a “honrar la gestión”.

El vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim acompañó al intendente de la municipalidad de San Pedro, Julio Bravo y al pueblo en general en la procesión desarrollada en honor al santo Patrono San Pedro Apóstol.

El recorrido se produjo por la calle del centro de la ciudad y convocó como todos los años a un gran número de feligreses de la Parroquia San Pedro de Río Negro, encabezada por el Padre Daniel Alberto Baca.

Asimismo, también participaron de la misa central presidida por el Obispo de Jujuy, Cesar Daniel Fernández.

En ese marco, el vicegobernador Carlos Haquim, sostuvo que es un orgullo acompañar al intendente Julio Bravo y al pueblo de San Pedro en sus fiestas patronales, "estas son las celebraciones donde se reúne el pueblo y es un honor compartirlas", expresó.

Respecto del trabajo que viene desarrollando la intendencia en materia de obra pública en la ciudad, felicitó al jefe comunal "es uno de los pocos intendentes que está atento a las necesidades de la gente, en las cosas simples de todos los días. Con las obras de cordón cuneta, asfalto, alumbrado, entre otros trabajos que realizan. Trabajando de esta manera, indicó se le brinda al pueblo la dignidad que necesita para vivir mejor”, puntualizó Haquim.

La Comisión de Ambiente recibió la visita de profesionales de la Dirección de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, de Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia, quienes aportaron conceptos respecto del proyecto de Ley de creación del Programa de Prevención y Atenuación de Accidentes contra la Fauna Silvestre. 

Formaron parte de la reunión en el salón Pilar Bermúdez, Juan Pablo Villafañe de Vialidad Nacional, Enrique Álvarez García de Vialidad de la Provincia, Daniel Zenón y equipo técnico de la Dirección de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente.

Al concluir la reunión, la presidenta de la Comisión Valeria Gómez, expresó que se trabajó con los especialistas para estudiar la viabilidad del proyecto y la manera de enriquecerlo, además adelantó que esos aportes serán recibidos a lo largo de la semana de manera escrita por lo profesionales para analizar en la próxima reunión de comisión “porque ellos quieren ampliar en algunos temas que consideraron muy importantes ya que por ejemplo; vialidad de la provincia y nación no habían tenido contemplado dentro de nuestra provincia todo lo que se va a trabajar referente a la fauna silvestre desde de este proyecto”, indicó.

Agregó que se hace eje en varios temas como “educación vial, la sensibilización y la cartelería, que los profesionales consideran muy importante para que como ciudadanos aprendamos y respetemos las normas de vialidad”, remarcó.

Gómez consideró muy valioso el aporte de parte de los profesionales y que, sobre eso “nos vamos a reunir y en base a ellos vamos aunar criterios para poder sacar este proyecto adelante”, sostuvo.

Cabe señalar que el fundamento del proyecto de ley de creación del Programa de "Prevención y Atenuación de Accidentes contra la Fauna Silvestre", sostiene que busca la protección de la biodiversidad lindante a las rutas que se encuentran dentro la provincia.

Y sustenta que las personas no son las únicas víctimas de la imprudencia al volante, también los animales mueren atropellados en las rutas y caminos.

Los diputados provinciales del bloque “Juntos Por Jujuy”, Juan Cardozo, Mariela Ferreyra y Alejandro Snopek, se llegaron hasta la localidad de Maimará para solidarizarse y brindar su respaldo al concejal Sergio Ábalos, que fue destituido de forma inconstitucional, ilegítima y arbitraria de su cargo y que fue agredido físicamente por un funcionario del Ejecutivo municipal. En la oportunidad, el senador nacional Guillermo Snopek, vía telefónica, también expresó su apoyo al edil maimareño.

Al respecto, los legisladores peronistas manifestaron su preocupación por la expulsión que sufrió de forma totalmente arbitraria el edil Sergio Ávalos del Concejo Deliberante de Maimará. “Es inadmisible que, a un representante del pueblo, elegido democráticamente, lo hayan pretendido separar de su cargo por medio de una denuncia infundada de un vecino, sin que ni siquiera se lo haya convocado para que ejerza su derecho a legítima defensa”, destacaron.

Más adelante, los integrantes del espacio provincial “Juntos Por Jujuy” expresaron su total repudio a los hechos de violencia que perpetrará un funcionario del Ejecutivo municipal en contra de la persona de Sergio Ábalos.

Para concluir, los diputados provinciales solicitaron al Ejecutivo provincial, en la figura del Ministro de Gobierno y Justicia, que se tomen cartas en el asunto y se realicen, al menos, tres acciones. Primero, se inste al Concejo Deliberante de Maimará a acatar plenamente el amparo judicial otorgado por el Superior Tribunal de Justicia que restablece a Ábalos en su banca en el Deliberante. Segundo, se garantice la plena seguridad del concejal en el ejercicio de sus funciones como edil electo y miembro del principal órgano de contralor del Ejecutivo municipal. Y tercero, se gestione ante el Ejecutivo municipal la separación preventiva del cargo al denunciado funcionario municipal que propiciará golpes de puño a Ábalos, y que con ésta acción atentó contra el orden institucional y la paz social.

Ingresaron a la comisión de Trabajo y Seguridad Social dos proyectos de ley que tienen que ver con la actividad pública. El primero de ellos un proyecto referido al régimen de negociación colectiva de trabajo para la administración pública provincial, y el segundo trata de la adecuación salarial para los empleados del Poder Legislativo atento a la Ley 4501, en vigencia, y la modificatoria al artículo 1.

El presidente de la comisión, Luis Cabana al hacer referencia a estos dos proyectos con ejes de índole laboral, explicó que el primero es un “cambio de paradigma que están esperando los empleados públicos para negociación salarial y condiciones laborales con la patronal en este caso con el gobierno provincial”, dijo el legislador. Y añadió que se plantea “un marco de negociación que tenga que ver con ejes y proceso dinámico para la negociación que nos permitan trabajar en condiciones y medioambiente de trabajo, capacitación, profesionalización de los trabajadores, la carrera administrativa, en lo que es el mecanismo de negociación salarial a través de paritarias”, al respecto indicó que “la tenemos pero la podemos plasmar en un convenio colectivo de trabajo, y que implican procedimientos administrativos y negociables en forma permanente y de alguna manera viene a reemplazar al viejo estatuto del empleado público Nº 3161/74”.

En ese sentido hizo referencia las ventajas que tendría este cambio de paradigma al “tener un nuevo convenio colectivo de trabajo para la administración pública provincial, un mecanismo de participación más democrático en el tema de la negociación salarial y condiciones laborales, y reglas muchos más claras en lo que es un convenio general y un convenio sectorial, por ejemplo, salud, educación, municipios, etcétera”.

En cuanto al segundo proyecto detalló que hace referencia a “que el empleado legislativo pueda tener una adecuación salarial acorde a las funciones que cumple dentro de lo que establece la Ley 4299, y que también está dentro de lo que es la actividad legislativa”.  

Finalmente, anticipó que a estos dos proyectos “Los vamos a trabajar en comisión para poder expedir oportunamente un despacho favorable para su correspondiente tratamiento legislativo”.