El Gobierno presentó el memorando para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno paso clave en su proceso de adhesión a ese grupo de países que reúne a las mayores economía del mundo con regímenes democráticos.

El canciller Pablo Quirno le presentó el Memorándum inicial de Argentina al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en el marco de su visita a Buenos Aires, "lo que supone un paso importante hacia la adhesión", destacó el organismo internacional en un comunicado.

“El proceso de adhesión a la OCDE complementa el ambicioso programa de reformas económicas de Argentina, contribuyendo a reforzar las bases del crecimiento a medio y largo plazo”, sostuvo el secretario general del grupo.

Por su parte, la Cancillería argentina destacó que la presentación del memorando "sintetiza el trabajo técnico realizado por las distintas áreas del Gobierno Nacional para evaluar las políticas públicas, la normativa y las prácticas nacionales en relación con los estándares de la OCDE".

El documento que entregó Quirno es una autoevaluación preliminar realizada por Argentina sobre la armonización de su legislación, políticas y prácticas con las normas de la OCDE, y de esta forma ahora se iniciará la “fase técnica”.

La OCDE actualmente está integrada 38 países. Tras el paso que acaba de dar el país, se iniciará un diálogo con 25 comités de expertos que abarcan una amplia gama de ámbitos de política pública, en el marco del proceso de revisión técnica que lo más probable es que se extienda por unos años.

Argentina impulsó en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, su pretensión de ingresar a la OCDE, mientras que seis años después se  inició el proceso de discusiones con el país, así como también con Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania.

La Cámara Federal de Casación Penal convocó hoy para el martes próximo a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 para definir la organización del juicio por la causa Cuadernos, ante la gran cantidad de imputados y la complejidad del expediente.

La decisión fue adoptada por Casación en el Acuerdo de Superintendencia celebrado hoy, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone e integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, el objetivo es “abordar las herramientas necesarias que se pueden adoptar desde la Cámara, para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio”.

La reunión está prevista para el martes 18 de noviembre en la Sala de Acuerdos de Casación y en horario a confirmar.

El llamado se produce mientras el TOF 7 avanza con un proceso judicial que fue caracterizado como el más extenso del fuero penal federal: la causa comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, 87 imputados y la declaración prevista de unos 400 testigos.

En los tribunales existe creciente preocupación por la duración que podría tener el debate, que actualmente se realiza con una audiencia semanal y modalidad mixta presencial-virtual, un esquema que podría extender el proceso durante varios años.

En resoluciones previas, Casación ya había advertido que ese ritmo “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la razonabilidad de los plazos procesales.

El Consejo de la Magistratura trabaja en la habilitación de una nueva sala en Comodoro Py para afrontar las exigencias logísticas del juicio, que requiere espacio para más de 200 asistentes por audiencia entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.

Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.

También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se mencionan además los problemas logísticos que rodean el juicio, entre ellos la necesidad de albergar a más de 200 personas por audiencia, lo que incluye imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales. Esa situación afecta la dinámica del debate y podría traducirse en mayores demoras.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio; el organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas.

Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.