Con el fin de garantizar la seguridad en las distintas delegaciones del Instituto de Seguros de Jujuy, se concretó un encuentro entre autoridades de la obra social provincial y representantes del Ministerio de Seguridad.

En sede del ISJ se mantuvo la reunión entre el presidente, José Manzur, y el Jefe de la Dirección de Operaciones Policiales, Comisario Gral. Joaquín Carrillo; el Director Gral. de Seguridad Privada y Bancaria, Comisario Insp. Fernando Coria, y el oficial principal Javier Jerez.

En tal contexto, Manzur explicó que “debido a que se vencieron los contratos de la empresa que prestaban los servicios de seguridad en la obra social, paralelamente se está trabajando en la factibilidad de un convenio con la Policía de la Provincia para que sea la institución policial la que brinde los servicios en todas las delegaciones de la obra social”.

Continuando, el funcionario acotó que “la obra social viene con servicio de seguridad privada desde hace muchos años, cada dos años se hace un llamado de licitación, y el anterior llamado fue en pandemia y la fuerza estaba afectada a dicha contigencia”.

Finalmente, el Presidente del ISJ indicó que los agentes que presten el servicio también informarán sobre las prestaciones, ya que los efectivos también cuentan con la obra social, sintetizando que la colaboración de la fuerza de seguridad provincial es importante, y en ese marco se trabaja con ese convenio, finalizó.

Se trata de una herramienta digital de consulta, acceso a la información y transparencia, desarrollada por el ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Fundación Solidaridad y la Fundación ProYungas.

Se lanzó públicamente el Visor de datos web del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, en el marco de la Feria del Libro Jujuy 2024. La presentación estuvo a cargo del director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, Javier Albanesi, junto al gerente para Argentina y Paraguay de la Fundación Solidaridad Latinoamericana, Juan Sebastián Entrocassi.

Esta herramienta permite acceder a información vinculada con los bosques nativos de la provincia, los cauces y lechos hídricos locales, las áreas y zonas de conservación, los corredores ecológicos o verdes, la distribución de las comunidades indígenas, y consultar distintas capas de datos del ambiente. Además, monitorear la implementación de la Ley de Bosques N° 26.331, cruzando información del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia (OTBN) con los permisos otorgados por la autoridad provincial para cambio de uso de la tierra.

En este sentido, el visor de datos web funciona para garantizar el cumplimiento e implementación de la Ley de Bosques, ya que centraliza y cruza información que no siempre se encuentra conectada: los Planes de Ordenamiento Predial de Bosques Nativos (POP), los Permisos aprobados de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) que solicitan los productores para realizar desmontes en sus predios, los Planes de Manejo de las áreas boscosas nativas (PM). Y también información adicional como la ubicación de cuencas forestales, hidrográficas, glaciares, humedales, corredores biológicos y áreas de conservación legal, entre otras.

A través de distintos niveles de acceso -tanto público como interno- el visor presenta toda esta información mediante una interfaz gráfica intuitiva, facilitando su visualización. “El Visor es una herramienta técnica que fortalece la gobernanza ambiental en la provincia, y la política de conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos que es parte de los temas urgentes que venimos abordando para resguardar la biodiversidad que está en riesgo”, destacó la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, en oportunidad de una presentación del Visor que se hizo con participación de distintos actores vinculados a la gestión ambiental. Javier Albanesi, director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo del ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, quien estuvo en la presentación en la Feria del Libro de Jujuy, explicó al respecto que “para acceder al Visor, las personas pueden ingresar a la web del ministerio, www.ambientejujuy.gob.ar, y allí lo tendrán disponible como parte de los servicios que ofrece la plataforma, y de esta manera visualizar la información como capas o mapas digitales; pueden consultar también otros datos asociados a las capas como manuales, tablas y formularios”. Desde Fundación Solidaridad, por su parte, celebraron el trabajo de todos los equipos, y agregaron que la experiencia originalmente se inició en varios países de Latinoamérica, y aquí en Argentina, en la provincia de Salta. De allí Jujuy decidió incorporarla dentro de sus planes de gestión, y más adelante también se replicará en Tucumán. “Debido al gran compromiso que tiene Jujuy en materia ambiental, y a los avances sustanciales en términos de conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, así como de gestión de la biodiversidad y los recursos naturales, nos pareció que era una gran oportunidad poder desarrollar un Visor que ponga en valor todo este gran trabajo”, precisó Entrocassi. Quien también ponderó que se trata de una herramienta abierta y de acceso público que permite democratizar la información y otorga transparencia a la gestión pública.

Este lunes, los máximos referentes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, participaron de una conferencia desplegada en el Salón de Congreso Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. La misma estuvo focalizada en la transformación digital que es concebida como una herramientas fundamental que promueve la eficiencia y la innovación de los ciudadanos.

En el marco del Proyecto UNI UEAR (Alianza Universitaria Argentina-Europea para la transformación digital) de la cual participaron diversos exponentes de la región y en representación de la Unión Europea (UE), estuvo presente Carlos Martín, se intercambiaron experiencias e ideas y sobre todo, se debatieron temas centrales sobre el manejo de la tecnología de la información y comunicación (TIC) en diferentes ámbitos.

Por otro lado, se visibilizó y reformuló la creación de capacidades y el establecimiento de alianzas en el ámbito digital siendo este un aspecto clave y enriquecedor para la transformación digital en el ámbito educativo provincial.

Esta iniciativa fue impulsada por la Unión Europea en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) buscando contribuir a la promoción de los Derechos Digitales en Argentina.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través del área del Archivo Fotográfico y Audiovisual, organiza la Masterclass sobre restauración fílmica junto a la proyección de dos films, la misma estará a cargo de la restauradora de la Cinemateca Alemana Julia Wallmülle.

Las actividades se realizarán en la sala Raúl Galán del Teatro Mitre. Comenzarán el sábado 17 a las 17hs. con la masterclass que permitirá conocer el trabajo que se llevó a cabo para reconstruir el film “Sylvester” dirigida por Lupu Pick en el año 1923, conociendo las técnicas de restauración fílmica a partir de la partitura y la adaptación de la música a la versión restaurada de la película.

En cuanto a la capacitadora, contará con Julia Wallmüller, experta restauradora de cine. Líder del equipo de restauración y digitalización del patrimonio cinematográfico en la Cinemateca Alemana, destacada por su enfoque en ética y estética en la restauración de películas. Luego de la Masterclass, a las 19 hs. se proyectará “Sylvester”. El domingo a las 17 hs. continuarán las proyecciones con el film “Bajo el farol” de Gerhard Lamprecht.

La entrada será libre y gratuita.

En el salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura, se realizó un plenario de comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General con el propósito de escuchar los aportes desde el Colegio de Abogados en referencia a un artículo del Código Procesal Civil de la Provincia. Y otros temas de interés para agilizar el servicio de justicia.

Se trata de un proyecto de ley que prevé la limitación del recurso de recusación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Al término de la reunión, los presidentes de las comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General, Gisel Bravo y Adriano Morone, respectivamente, comentaron que  en función de un expediente recibido en ambas comisiones, referente a la reforma de un artículo del nuevo Código Procesal Civil; y que además se trató de cómo seguir mejorando el servicio de justicia y cubriendo los derechos, no solo de los abogados sino también de las partes que quieren acceder a la justicia”, dijo Gisel Bravo. Y en ese sentido resaltó la importancia del trabajo articulado “escuchar los aportes de quienes representan a los abogados es crucial”. Al respecto expresó que se coincidieron en muchos puntos “pero es necesario que todos los actores involucrados, la Suprema Corte, Legislatura y Colegio de Abogados, debemos acordar ciertos puntos para poder avanzar”.

En tanto el diputado Adriano Morone, explicó que la reforma de este artículo del Código es un proyecto que le fuera remitido a la Legislatura; en esa línea dijo que el Colegio de Abogados planteó una mirada distinta en referencia a esta reforma “distintos aspectos del nuevo código que entró en vigencia hace poco deba ser objeto de reforma”, añadió que tanto el Código Procesal Civil y el Penal “con el andar se hacen necesarios ciertos retoques”.

El legislador Morone aclaró que el artículo que se quiere modificar en el Código es el 33 que prevé la recusación sin causa de los jueces de la Suprema Corte “los códigos permiten la recusación con o sin causa, es un derecho que tienen las partes; y el código prevé la recusación sin causa, y hay una propuesta que busca limitar esta recusación”. Y expresó que se va a seguir trabajando sobre este tema y “seguramente vamos a escuchar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia”.

Por su parte el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Ramiro Tizón expresó su objeción respecto a que este artículo sea reformado “hace diez días que está en vigencia el nuevo código, y empezar a reformarlo creemos que no es el momento, esto nos va a llevar que en no mucho tiempo haya una infinidad de modificaciones, porque cada actor de la sociedad puede tener inconveniente y considerar modificar ciertos artículos”. Tizón consideró que para que la modificación sea armónica es necesario dejar pasar un cierto tiempo.

Finalmente anticipó que desde el Colegio de Abogados se tiene previsto la creación de un observatorio “de estas nuevas leyes que se están aplicando para saber cómo repercute esto en nuestros colegas y nuestros mandantes”. A este respecto sostuvo que el “proyecto de la Suprema Corte no ayuda, la recusación de los jueces de la Suprema Corte es un derecho de los judiciables, por lo tanto, debe mantenerse el código como está”, finalizó Tizón.

Durante la mañana del martes, el intendente Rubén Eduardo Rivarola firmó dos convenios con el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de Jujuy, Carlos Stanic.

La gestión del jefe comunal ante Provincia fue clave para lograr dos importantes beneficios para la ciudad. Se trata de convenios de cooperación y colaboración junto al Ministerio de Infraestructura.

Por un lado, la rúbrica del primer acuerdo apunta a la construcción de un importante número de nuevos nichos para el cementerio municipal “Virgen de Paypaya”.

La firma del segundo responde a la finalización del Centro de Desarrollo Infantil del B° Antártida Argentina. El convenio contempla el equipamiento y cerramiento del CDI.

De esta manera, ante la complejidad del contexto económico nacional, el ejecutivo persiste una vez más en la búsqueda de recursos para el bienestar de los palpaleños y, en esta ocasión, se logró la colaboración y cooperación para la finalización del Centro de Desarrollo Infantil en barrio Antártida Argentina, con equipamiento y cerramiento de éste, además de la construcción de nuevos nichos para el cementerio.

Con las exposiciones de los diputados nacionales autores de proyectos de ley, la Cámara baja continuó hoy con el debate en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que, entre otros puntos, plantea la baja de la edad de imputabilidad.

La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, y se retomará el próximo martes con una nueva reunión informativa para recibir a especialistas en la materia.

A fines de julio, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.

La idea de esta reunión informativa, según comentó al inicio del encuentro la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, era escuchar las miradas diversas de los autores de los distintos proyectos para ver si era posible compatibilizar esos aportes con la iniciativa del Gobierno.

El primer orador fue el oficialista Álvaro Martínez, autor de uno de los proyectos más severos, dado que propone reducir la edad de imputabilidad a los 12 años como en Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

El mendocino recordó que la actual ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos".

“Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”, exhortó, y explicó que su propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años tiene una intención ”de carácter disuasivo" para los delincuentes menores de edad.

“Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.

Martínez indicó que de esta manera “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves” y defendió la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.

A su turno, la diputada de Buenos Aires Libre Carolina Píparo defendió con énfasis la figura de “la reincidencia de los menores desde que son imputables”, y definió a ésta como “una herramienta de la política criminal que busca mayor rigurosidad con aquellos sujetos que más desprecian la ley”.

“Cuando estos sujetos ya pasaron por experiencias punitivas y no pudieron capitalizar el tratamiento amerita por lo menos merituar los delitos que cometieron anteriormente para que no sigan accediendo a beneficios tales como la libertad condicional”, opinó.

Al respecto, la bonaerense señaló que “este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización” por parte de quienes se oponen a la baja de la edad de imputabilidad.

“La reincidencia debería ser un documento que tenga un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia, son hechos probados por la Justicia. Estamos pidiendo que se tenga el cuenta el pasado de cada sujeto”, remarcó.

Para Píparo, “considerar la reincidencia es necesario aun más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiendo en un hábito pero sobre todo se siguen sumando víctimas”.

“Este es un debate que viene cancelado con diferentes etiquetas. Hace unos años el lema era ''ningún pibe nace chorro'. Estoy absolutamente acuerdo pero la pregunta es qué hacemos cuando una persona elige el camino del delito. Debe ser tratado como tal, como un deliucneunte, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una trampa”, cerró.

Autora de otro de los proyectos, la radical Carla Carrizo, se mantuvo firme en los 14 años como piso para empezar a discutir el nuevo régimen penal juvenil.

“Esa es la primera diferencia con el Gobierno”, precisó, y agregó que que “esta no es la ley Bases, no es una ley de gobernabilidad sino ”una ley de Estado que tiene que durar".

“La idea es no quedarnos cortos, porque hay que penalizar primero a los adultos que utilizan a los menores como carne de cañón para cometer delitos por los que ellos no quieren poner el cuerpo”, enfatizó la porteña.

Por Unión por la Patria, Natalia Zaracho pidió que se mantenga la edad de imputabilidad en 16 años, rechazó que se incorpore el criterio de la reincidencia para agravar las penas para menores, y defendió su proyecto de ley basado en la prevención y no en lo punitivo.

“En nuestro proyecto sostenemos que la edad tiene que quedar en 16. Claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad. Quedó demostrado en que menos del 1% de los crímenes graves lo hacen los menores”, resaltó.

Para darle fuerza a sus argumentos, la diputada cercana a Juan Grabois apeló a “los estándares internacionales de Derechos Humanos y las convenciones del Niño”.

“Esta es una discusión política. No nos mintamos. Me parece importante destacar el rol del Estado. No puede ser que la única opción que se le ofrezca a las pibas y pibes sea la cárcel”, se quejó Zaracho.

Finalmente, el diputado de la UCR Manuel Aguirre expuso sobre su proyecto de ley que también fija en 14 años el piso de imputabilidad.

“Tenemos que analizar la madurez mental del chico, si tenía la capacidad mental de analizar lo que estaba haciendo. Si es maduro y entendió lo que estaba haciendo, recién entramos en la ley", señaló.

El tratamiento del proyecto que incrementa las jubilaciones en un 8,1 por ciento y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC) se postergará una semana más en el recinto del Senado, según pudo consignar Noticias Argentinas con fuentes legislativas.

La iniciativa estaba prevista que desembarcara el próximo jueves. Sin embargo, en oficialismo logró diferir una semana más -jueves 22 de agosto- y ganar tiempo para acercar los intereses de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda con los senadores dialoguistas.

El proyecto viene de obtener media sanción de Diputados y de conseguir un dictamen de mayoría con apoyo del bloque K, un puñado de radicales y un bloque federal; frente a un despacho minoritario impulsado por el oficialismo y respaldado solo por dos radicales.

De esta manera, el oficialismo logrará aire en medio de varios conflictos abiertos no solo en el Senado, sino también en Diputados. Una de las curiosidades es que su discusión será a pocas horas de que el juez federal Ariel Lijo defienda su pliego como candidato a integrar la Corte. 

Hace dos semanas, Balcarce 50 envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano De los Heros, para que defiendan la postura oficialista de "déficit cero" contra los ejes principales de la iniciativa que fue aprobada en la Cámara baja.

Además del 8,1 que recompone la pérdida de enero en las prestaciones y pliega la fórmula al IPC, establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

También fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados.

Ante este panorama, Guberman y De los Heros postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos que, en sus argumentos, atentan contra el objetivo del déficit cero al que aspira el ministro de Economía, Luis Caputo, con la venia del presidente Javier Milei.