Zigarán: “La Quiaca necesita trabajo, no restricciones al comercio que afecta a miles de familias”

Escrito por  Nov 20, 2026

La diputada nacional María Inés Zigarán (UCR – Provincias Unidas) presentó oportunamente en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deje sin efecto las restricciones establecidas por la Resolución General 5910/2026 para el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo. De esta manera, acompañó las gestiones impulsadas por el gobernador Carlos Sadir y diversas áreas de gobierno, así como las presentaciones realizadas por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, a través de las cuales plantean ante los organismos nacionales la necesidad de revisar la normativa.

La iniciativa de la legisladora jujeña expresa la preocupación por las consecuencias económicas y sociales que las nuevas disposiciones pueden generar en La Quiaca, una ciudad cuya dinámica económica, comercial y laboral está estrechamente vinculada con el intercambio fronterizo con Bolivia.

Entre las medidas cuestionadas Zigarán señala la imposición de un límite de USD 150 diarios por poblador, junto con restricciones sobre determinados productos y condiciones para su traslado. Según advierte la legisladora, estas disposiciones desconocen las particularidades de las economías de frontera y pueden afectar seriamente el funcionamiento de una actividad de la que dependen numerosos comerciantes y trabajadores.

En ese sentido, la diputada radical explicó que “no se puede legislar ni tomar decisiones desde una mirada centralista, desconociendo las realidades territoriales de nuestras provincias y, particularmente, de las ciudades de frontera. Lo que para una oficina en Buenos Aires puede representar una medida administrativa, en La Quiaca puede significar la pérdida del sustento de muchas familias”.

La preocupación adquiere mayor dimensión si se considera que, de acuerdo con estimaciones del sector comercial, alrededor de 3.500 familias dependen directa o indirectamente de esta actividad. Comerciantes, transportistas, paseros, trabajadores de carga y descarga y numerosos prestadores de servicios conforman una trama económica y social que constituye uno de los principales motores de la ciudad.

Zigarán también destacó la necesidad de que las políticas de control aduanero y fiscal contemplen mecanismos adecuados para combatir las irregularidades, pero sin perjudicar el trabajo ni obstaculizar las actividades económicas legítimas que se desarrollan en las zonas fronterizas.

“No estamos planteando que no existan controles. Estamos diciendo que deben ser razonables, proporcionales y adecuados a las características de cada territorio. No podemos combatir las irregularidades destruyendo las economías locales ni poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo”, sostuvo.

Finalmente, Zigarán consideró fundamental abrir un ámbito de diálogo y articulación entre el Gobierno nacional, la Provincia, el municipio y los representantes de los sectores comerciales y laborales involucrados, a fin de encontrar alternativas que permitan compatibilizar los objetivos de control con la protección de la actividad económica.

“La Quiaca necesita oportunidades para crecer, trabajar y desarrollarse. Las economías de frontera tienen particularidades que deben ser comprendidas y atendidas por el Estado. Defender el comercio fronterizo es defender el empleo, el movimiento económico y el futuro de miles de familias jujeñas”, concluyó.

 

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