En la jornada del lunes 21/10 se concretó la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el órgano máximo de gobierno de la institución, donde se aprobó la Declaración del Consejo Superior del pasado 16 de octubre. Esta asamblea, recordemos, fue convocada a pedido del sector estudiantil y de ADIUNJu, en el marco de las crecientes preocupaciones por el desfinanciamiento de las universidades públicas y por la criminalización de las protestas.

Durante la Asamblea, participaron representantes de los distintos claustros –estudiantes, docentes, egresadxs y nodocentes– y los gremios de la universidad, incluso con la participación del Diputado Nacional Alejandro Vilca, quien remarcó su rechazo al veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario durante la histórica sesión en el Congreso de la Nación.

Por su parte, ADIUNJu presentó una propuesta central: la elaboración y adopción de un Protocolo contra la criminalización de las protestas sociales, haciendo un llamado a proteger los derechos de quienes defienden la universidad pública. La iniciativa, que incluye la creación de una comisión compuesta por todos los claustros y las autoridades de la UNJu, fue aceptada por la Asamblea.

En este contexto, Daniel Roisinblit, Secretario General de ADIUNJu, expresó un mensaje ante todxs lxs integrantes de la Asamblea Universitaria, en el que denunció la gravedad de la situación actual. Señaló que no se trata únicamente de un ajuste económico, sino de un "ataque directo contra la universidad pública, la ciencia y la educación como derechos". Resaltó también la vulnerabilidad en la que se encuentran estudiantes y docentes frente al desfinanciamiento, afirmando que “recibiremos solo la mitad de lo que necesitamos para funcionar”, lo que afectará profundamente la calidad educativa.

Roisinblit también repudió la escalada represiva que se ha visto en el país, subrayando que en Jujuy ya hay 19 personas judicializadas por su participación en el “Jujeñazo”. Reclamó que el gobierno busca criminalizar la protesta social, y defendió la necesidad del protocolo propuesto para garantizar que el derecho a protestar no sea coartado.

Finalmente, en su intervención, enfatizó la legitimidad de las medidas adoptadas por la comunidad universitaria, destacando que "las tomas de facultades por parte de nuestros estudiantes... son un acto legítimo de resistencia" y a modo de cierre, expresó: "¡La educación pública no se negocia! ¡No nos van a callar ni con represión ni con mentiras!".