El espacio de admisión y pronta derivación de adolescentes de 16 y 17 años de edad en situación de conflicto con la ley penal funcionará en Barrio Luján.

La ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez; el secretario de Protección a las Infancias y Adolescencias, Agustín Garlatti, y su equipo recorrieron instalaciones de un nuevo espacio en el barrio Luján para el funcionamiento del Centro de Admisión y Derivación (CAD) para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal gestionado por la Coordinadora de Seguridad Arquitecta, Laura BarbesinI, del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Durante el recorrido también participaron la coordinadora de Dispositivos de Cuidado, Ana Maurín; y la responsable del Programa de Adolescentes en Conflicto con Ley Penal, Lic. Paula Leguizamón, junto a Diego Espinoza, de la secretaría de Protección de las Infancias y Adolescencias.

El CAD es un espacio de admisión y pronta derivación de adolescentes de 16 y 17 años de edad en situación de conflicto con la ley penal por un periodo transitorio donde los equipos profesionales del centro evalúan el trasladado a Centros Socioeducativos (en Capital o en San Pedro o se proponen medidas de seguimiento territorial).

Mediante estas medidas siempre se les garantiza a estos jóvenes políticas públicas de salud, recreación y educación, adoptando medidas de reinserción socio-comunitarias según la particularidad del caso, a fin de promover su reinserción en la sociedad a través del estudio, un oficio, o el apoyo psicológico que necesiten. Actualmente el CAD funciona en el barrio Malvinas y que el cambio de domicilio al barrio Luján se realizará en la búsqueda de otro espacio físico con características diferentes en cuanto a la disposición de espacios, siendo una casa que donde se busca mayor comodidad y crear espacios de contención para los adolescentes. Vale mencionar que este espacio se creó de acuerdo al Decreto Provincial Nº 2532, que puso en funcionamiento un nuevo sistema de protección de adolescentes en conflicto con la ley penal que evita la criminalización de la adolescencia, considerando las medidas restrictivas de la libertad como último recurso a adoptar, y prefiriendo adoptar previamente medidas socioeducativas que protejan los derechos de los adolescentes con una contención y acompañamiento por parte de profesionales dependientes de la Secretaría de Protección de las Infancias y Adolescencias del Ministerio de Desarrollo Humano junto a otros organismos del sistema de protección como el ministerio de seguridad, educación, salud entre otros.