El Gobierno de Javier Milei consumó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.

El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Según supo Noticias Argentinas, la decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.

La ley vetada y los argumentos del Gobierno

El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender "desequilibrios financieros y situaciones de emergencia" de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los puntos centrales de la ley vetada eran:

Redistribución automática: Establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos "en forma diaria y automática" y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.

Integración a la masa coparticipable: Los recursos que la compusieran serían considerados "integrantes de la masa de fondos coparticipable".

Inclusión de TDF y CABA: Consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una "finalidad específica" de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.

Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.

El sindicato de Camioneros cerró hoy un incremento salarial en escalas hasta febrero del 2026, tras llegar a un acuerdo con representantes empresariales del sector.

Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que monitoreó el desarrollo y desenlace de las negociaciones a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero.

Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre.

Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.

“Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, comentó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso suspender los planes sociales otorgados a extranjeros en zonas de frontera y reasignar esos fondos a jubilados y personas con discapacidad, tras cuestionar la reciente suspensión de pensiones no contributivas por invalidez dispuesta por la Nación.

Sáenz calificó la medida nacional como una “torpeza” y advirtió que en provincias de extensa geografía, como Salta, las auditorías resultan “inaccesibles” para beneficiarios que viven en parajes alejados. Según el mandatario, la suspensión de pensiones provocó además la pérdida de cobertura médica e insumos, lo que generó “una angustia muy grande” en las familias afectadas.

El gobernador sostuvo que “no pueden pagar justos por pecadores” y exigió auditorías “serias y transparentes”. En esa línea defendió la decisión provincial de cobrar la atención sanitaria a extranjeros y reclamó que la medida se replique en hospitales públicos de todo el país: “En cualquier parte del mundo al extranjero le cobran la salud. Y si no pagás, no te atienden”. No obstante, aclaró que por motivos humanitarios nunca se niega la atención en situaciones de riesgo de vida.

En forma paralela, la Fiscalía de Estado de Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y de los beneficios conexos suspendidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El recurso reclama el restablecimiento del pago, el reconocimiento retroactivo de lo adeudado y la nulidad de las auditorías que considera irregulares en la provincia.

El expediente, caratulado “CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO”, solicita además como medida cautelar la restitución inmediata de los pagos suspendidos y la suspensión de la tramitación de nuevos recortes hasta tanto la Corte resuelva el fondo del asunto.