Alberto Fernández acudió este jueves a la tarde al sanatorio Otamendi, donde se le realizó el bloqueo radicular para disminuir el dolor que lo aqueja como consecuencia de una hernia de disco. Luego, volvió a la residencia de Olivos.

En un comunicado, la Unidad Médica Presidencial (UMP), que comanda el doctor Federico Saavedra, informó que se realizó al señor Alberto Fernández "un bloqueo radicular, debido a una hernia de disco lumbar".

"El Presidente ya se retiró hacia la residencia de la Quinta de Olivos donde continuará con los controles correspondientes", concluye el escrito

El bloqueo se realizó en un quirófano y consistió en introducir una pequeña aguja fina, llegar hasta la raíz nerviosa donde se aloja el dolor y administrar la medicación.

Se trata del segundo paso en el tratamiento médico que inicia con la receta de analgésicos y corticoides intramusculares. En caso de fallar también el bloqueo radicular, puede dar pie a una microcirugía.

Como consecuencia de su estado de salud, Alberto Fernández debió reducir su agenda oficial y acotarla a la Quinta Presidencial de Olivos, donde, pese al malestar, mantuvo diversas actividades.

En ese marco, el mandatario se comunicó por teléfono con su par de España, Pedro Sánchez, en la previa de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado que se realizará el 24 y el 25 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana, informaron fuentes oficiales.

Ambos mandatarios conversaron sobre el Foro de Gobiernos Progresistas, que tendrá lugar luego de la cita bienal iberoamericana, y analizaron la agenda de trabajo conjunta para este año, que incluirá una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea el 17 y 18 de julio en Bruselas.

También dialogaron sobre la actualidad de la relación entre el bloque regional Mercosur y la Unión Europea luego de la reunión de los Jefes Negociadores del Acuerdo, que se llevó a cabo en Buenos Aires el 7 y 8 de marzo pasado.

Reunión con empresarias

Posteriormente, Fernández mantuvo una reunión con empresarias. Estuvieron las CEOs de Accenture, Sofia Vago; Endeavor, Julia Bearzi; Natura, Verónica Marcelo; Merced, Cecilia Giordano, y Unilever, Laura Barnator, acompañado por el jefe de Asesores de Presidencia, Antonio Aracre.

Durante el encuentro se abordaron temas inherentes a la situación económica local y global, y las oportunidades que, dentro de las Américas, se abren para países como Argentina y Brasil, a través de los procesos de relocalización de plantas productivas y centros de investigación y desarrollo.

Al término de la reunión, Aracre indicó que “en el caso de las economías del conocimiento, como Accenture, y de los emprendedores, como es el caso de Endeavor, la oportunidad de Argentina es muy grande porque se trata de un país con una cantidad de recursos humanos muy calificados y muy demandados en todas partes del mundo”.

En este sentido, destacó que “en las organizaciones globales se tiene una altísima consideración de los recursos argentinos, y por eso es que la ciencia del conocimiento es la tercera industria argentina en temas de exportación, con un crecimiento sostenido muy grande”.

Por último, Aracre resaltó que “también hablamos sobre el rol de la mujer líder y la perspectiva de género que le da eso a las cuestiones de management”, y vislumbró que “para las próximas generaciones ya no habrá demasiadas diferencias de ser varón o mujer en posiciones de liderazgo”.

Al inicio del día, el presidente había recibido en Olivos a María Emilia Roca, la intendenta peronista de la ciudad de General Roca, Río Negro, quien fue reelecta el domingo pasado.

El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) presentó una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.

Así lo confirmó el interventor del organismo, Walter Martello, a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Por instrucción de la Secretaría de Energía he presentado en sede judicial una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur S.A. por la presunta comisión de los delitos que detallo a continuación”, expresó el funcionario.

Martello reveló que los ilícitos denunciados son “Defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados (Art. 173, inc. 11, del C.P); Abandono de personas (Art. 106 del C.P); Entorpecimiento de los servicios públicos (Art. 194 del C.P)”.

Por último, el interventor del ENRE precisó que la causa “se encuentra a sorteo a fin de asignar juzgado y fiscalía interviniente”.

El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.

También reflejan diferentes reclamos de personas electrodependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades.

Según datos del registro del ENRE, en el área concesionada a Edesur un total de 60.097 usuarios estaban esta tarde sin luz.

Las localidades bonaerenses más afectadas eran Avellaneda, Gerli, Lanús, Lomas de Zamora, Monte Chingolo, Monte Grande, Remedios de Escalada, Sarandí, Temperley y Wilde.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las barrios más afectados por los cortes son Almagro, Balvanera, Boedo, Caballito, Flores, La Boca, Monte Castro, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Recoleta; San Cristóbal, Versalles y Villa Crespo.

El ENRE radicó la denuncia tras un pedido formulado durante la víspera por la cartera de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.

Esta es la segunda vez en lo que va del año que el organismo analiza el estado de situación de la concesión de Edesur como consecuencia de los reiterados cortes de energía que se producen en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el sur y el sudoeste del conurbano bonaerense.

El martes pasado, el Ente informó que en los próximos 90 días enviará al Congreso un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica de la empresa Edesur S.A., “y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión”.

Al respecto, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, señaló en conferencia de prensa que “este es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y que se va a hacer a través de los organismos correspondientes para cuidar también los intereses del Estado Argentino”.

Y agregó que “una vez que esté el informe completado, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de concesión a la empresa Edesur”.

Cerruti dijo que el asunto “no es una cuestión de ‘Estado sí o Estado no’, sino de que el usuario tenga el servicio que deba tener”.

Asimismo, planteó la “diferencia notable” en relación a otros concesionarios del servicio de distribución y comparó a Edesur, con “más de 75.000 usuarios en las últimas semanas, que tuvieron cortes extendidos”, con Edenor, que tuvo “cortes en no más de 6.000 usuarios”.

Debido a la falta de suministro eléctrico, vecinos de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense realizaron protestas en los últimos días con el fin de dar visibilidad al problema que enfrentan, con el objetivo de obtener soluciones.

Además de la denuncia del ENRE, el Municipio de Esteban Echeverría también presentó una demanda penal contra las autoridades de Edesur debido a los masivos cortes que sufrió el distrito esta semana y que afectaron el funcionamiento del Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina.

En igual sentido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires demandó ante la Justicia porteña a la empresa “por la falta de trato digno y carencia de información” hacia los vecinos afectados desde hace semanas.

En su presentación, la Defensoría remarcó que “la Ley de Defensa del Consumidor, cuando se viola el trato digno, faculta al juez para aplicar una multa civil a favor del consumidor final -por daño punitivo-, que se estipula entre la mitad y 2.100 canastas básicas que publica el Indec”.

“En ese orden, se requirió que se les aplique multas de entre $73.000 y $308.000 aproximadamente para resarcir directamente a los damnificados consumidores y usuarios finales”, informó el organismo.

A esta compleja situación se suma también que algunas zonas de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda se encuentran sin servicio de agua potable debido a la interrupción del suministro eléctrico en la Estación Elevadora Quilmes, informó esta tarde la empresa AySA.